Tegucigalpa, 4 oct (Sputnik).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó el martes al Gobierno de Honduras a diferenciarse de la región y elegir en base a criterios claros y transparentes una Corte Suprema de Justicia que fortalezca la independencia de poderes.
«Mientras el Estado de derecho se cae a pedazos en América Central, Honduras puede marcar la diferencia si selecciona a los nuevos magistrados de la Corte Suprema en función del mérito, fortaleciendo así la independencia judicial», declaró César Muñoz, investigador de HRW, en una nota publicada por la propia institución.
El recién iniciado proceso para seleccionar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema debe concluir en enero de 2023 y la decisión final recaerá en el Congreso, controlado por el oficialismo y aliados de la presidenta Xiomara Castro.
«La presidenta Castro no debe caer en la tentación de elegir una Corte Suprema que responda a sus propios intereses y a los partidos políticos, incluido el suyo», acotó Muñoz.
Según la ONG las falencias en los procesos para seleccionar a las autoridades judiciales contribuyeron a que en la región existan instituciones frágiles, corrupción desenfrenada y un sistema de justicia enfocado en proteger a los poderosos y perseguir a defensores de derechos humanos y periodistas.
En ese sentido, la nota señala como ejemplos la supuesta complicidad en Guatemala del presidente Alejandro Giammattei con el Ministerio Público para impedir investigaciones sobre corrupción y propiciar la persecución política, o la ausencia en El Salvador de contrapesos al poder del mandatario Nayib Bukele.
«La selección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema ofrece a la presidenta Castro y a sus aliados en el Congreso una oportunidad crucial de fortalecer la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho», insiste la organización con sede en Washington, EEUU.
Honduras renueva a los 15 miembros de la Corte Suprema cada siete años, en un proceso que comienza con la nominación de 45 candidatos, los cuales son sometidos a una serie de entrevistas que por ley deben ser públicas y con el escrutinio de la sociedad civil, la prensa y agencias de la ONU.
Luego el Congreso nombra a los jueces a partir de los nominados, mediante una votación para la cual se requiere una mayoría de dos tercios. (Sputnik)
