Inminente incumplimiento de entrega de ruta 32 en febrero

La orden fue catalogada como “ficticia” porque en ese momento no se tenían diseños, permisos y mucho menos la disponibilidad de todos los terrenos que se requerían para concretar la construcción de una obra por donde se mueven más del 80% de las importaciones y exportaciones del país.

Cinco años después, todavía las expropiaciones siguen siendo una traba para la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), a la que solo le quedan 126 días para completar el proyecto. Eso, pese a que se le han compensado 825 días por situaciones climáticas, expropiaciones, pandemia y otras causas que no atribuibles a la constructora.

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De acuerdo con el último informe de supervisión elaborado por el consorcio Cacisa, Camacho y Mora, al 31 de agosto anterior CHEC había completado un 69,5% de la obra. Es decir, tiene pendiente 30% de los trabajos y solo dispone del 7% del tiempo total entre la orden de inicio y la fecha de entrega aprobada, que según la última prórroga debe ser el 23 de febrero del 2023.

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El encargado de la unidad ejecutora, Kenneth Solano, confirmó a La Nación que la empresa no tiene pendientes de aprobación de nuevas solicitudes de aumento en el plazo de entrega.

Según el documento entregado a la unidad ejecutora, la empresa aún debe completar 61 de los 107 km que deben asfaltarse en el margen izquierdo de la vía, mientras que del otro lado están pendientes de rehabilitar cerca de 30 km.

Además, solo ha terminado 19 de los 33 puentes mayores que debe construir, mientras que de los existentes se ha completado la rehabilitación en 29 de las 33 estructuras.

CHEC también tiene pendiente la construcción de 13 pasos elevados que funcionarán como intercambios, de los cuales 11 se encuentran en ejecución con un avance general del 17%.

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En el caso de los puentes peatonales, el contrato contempla el levantamiento de 24 estructuras, de las cuales no se ha colocado ninguna, aunque se empezó a trabajar en 18 de ellas.

El documento elaborado por la empresa supervisora también da cuenta de que a la fecha aún hay pendientes un importante número de expropiaciones. De los 637 terrenos requeridos, solo 171 ya fueron inscritos a nombre del Estado, aunque hay otros 168 donde se cuenta con entrada en posesión voluntaria, lo que significa que los dueños dieron permiso de avanzar en las obras mientras se desarrolla el proceso administrativo o judicial.

A finales de agosto, durante la gira por la provincia de Limón, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que había girado instrucciones para que el ministro de Obras Públicas Luis Amador y el vicepresidente Stephan Bruner “entablen de manera inmediata negociaciones con el gobierno de China, de forma tal que encontremos la ruta para arreglar la situación inaceptable en que esta esa obra”.

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En esa misma gira, Amador sostuvo que a lo interno del ministerio se creó un equipo de trabajo para agilizar 160 expropiaciones que hay pendientes en esa instancia.

Posteriormente, en una conferencia el 6 de setiembre, dijo que si bien la empresa ha venido aumentando el nivel de trabajo, aún no es la velocidad deseada.

A pesar de que la fecha aprobada es para febrero próximo, Amador estimó que a la ruta le faltan al menos 12 meses, por lo que buscaría con la empresa la forma de agilizar la obra y añadió que “la negociación está empezando”.

El ministro también achacó los atrasos y sobrecostos que ha enfrentado el proyecto a la mala planificación en las fases previas.

Anteriormente, la unidad ejecutora también había responsabilizado a la empresa alegando que varios de los atrasos vienen de su origen pues la firma no entregó los diseños completos en las fechas originales. También se han señalado dificultades de comunicación y seguimiento de cronogramas.

Lo que sigue resultando una incógnita para los vecinos de la ruta es el futuro de las obras complementarias que quedaron fuera del contrato original y que representarían una inversión adicional de $150 millones. Esas obras contemplan pasos peatonales, ciclovías, bahías de autobuses y otras mejoras pensadas en la seguridad vial.

Luego de una llamada de atención de la Contraloría General de la República por la falta de planificación en esta etapa, el jerarca del MOPT aseguró que estas obras serían sometidas a una revisión detallada.

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Sin embargo, a la fecha no se sabe de dónde saldrán los recursos para ejecutarlas.

El MOPT y CHEC también deberán entenderse para resolver disputas por incumplimientos e interpretaciones contractuales; por ejemplo, la construcción de pasos de fauna y la reconstrucción de los puentes, así como el reclamo económico presentado por la empresa por $25 millones atribuidos a sobrecostos en materiales.

Aparte de la ampliación a cuatro carriles de los 107 kilómetros de carretera, las obras incluyen rehabilitación y duplicación de 33 puentes, 13 pasos a desnivel y 11 retornos.

También se construirán cinco intercambios principales que estarán ubicados en Río Frío, Guápiles, Siquirres, el acceso a la TCM y Moín, y cuatro intersecciones a nivel en el acceso a la ruta cantonal de Moín, el acceso al nuevo estadio de Limón, el entronque con la Ruta Nacional 241, en Santa Rosa, y el entronque con la Ruta Nacional 36.

Esta obra tiene un costo de $465 millones, de los cuales $396 millones provienen de un empréstito con el Eximbank de China y una contrapartida nacional por $69 millones.

Otra contrapartida nacional por $78 millones financia trámites para expropiaciones, relocalización de servicios públicos, contratación del gestor del proyecto y otros servicios, para un monto total de $543 millones.

La fecha original de entrega para este proyecto era octubre del 2020.