El Instituto Nacional de Seguros (INS) optó por el secretismo en relación con los criterios para que se aprobara el aumento salarial de 1,7% para sus 2.470 empleados.
Así lo evidenció la negativa de la presidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Araya Esquivel, de entregar los análisis financieros y legales que respaldaron el incremento, como lo solicitó la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas. El rechazo a dar la información quedó consignado en un oficio del 3 de octubre.
La congresista también pidió explicaciones sobre por qué la Junta Directiva del INS declaró confidencial la discusión y los documentos relacionados con el aumento, el cual costará ¢622 millones anuales.
De acuerdo con Rojas, no existe ni en el Código de Ética y Conducta del INS, ni en la Política sobre Transparencia, Confidencialidad, Acceso, Clasificación y Manejo de la Información ni tampoco en la Ley del INS argumentos para declarar esa información confidencial.
No obstante, el INS se opone a suministrar los datos y mantiene en la oscuridad lo relacionado con el ajuste. Para justificar su respuesta, la presidenta ejecutiva menciona el artículo 12 de la Ley del INS, que define la información confidencial en la entidad. Sin embargo, esa normativa no incluye lo relacionado con el pago de salarios y ajustes de remuneraciones.
Diputada del PUSC pide revelar criterios técnicos y legales vinculados a aumento salarial para empleados del INS
También habla de la Política sobre Transparencia, Confidencialidad, Acceso, Clasificación y Manejo de la Información, pero esa norma tampoco dispone que la material salarial es secreta.
Rojas dijo a La Nación que el INS citó la resolución 10667-2018 de la Sala Constitucional para negar la información requerida.
“Lo que ponen es una parte que ellos creen que les conviene, pero ese voto de la Sala Constitucional incluso dice, claramente, que el tema de salarios no puede ser declarado confidencial”, declaró la diputada socialcristiana.
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El aumento de salario para los 2.470 empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS) costará ¢622 millones. (Rafael Pacheco Granados)
En el “por tanto” de la resolución mencionada, la Sala ordenó a la Gerencia de Servicios Corporativos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) entregar al Sindicato de Ingenieros de esa entidad los criterios técnicos y legales para implementar el salario único, solo autoriza excluir la información salarial relacionada con puestos gerenciales.
La congresista añadió que ella no está pidiendo la lista de salario por persona o puesto, sino los criterios financieros y legales que justifican el aumento y los razonamientos de la Junta Directiva para declarar ese tema confidencial.
Junta Directiva del INS declara confidencial aprobación de aumento salarial retroactivo para 2.470 funcionarios
“El INS es una empresa estatal, pero de todos los costarricenses. Entonces, para mí, tenemos que ser transparentes con el país con respecto a lo que allí sucede (...) Si el aumento es porque el mercado así lo está dictando, por qué tienen que esconderlo; defiéndanlo y digan que es por eso, pero por qué esconderlo, ese es el tema que no me parece: esconder la información”.
Rojas adelantó que reiterará la petición al INS y, dependiendo de la respuesta, acudirá a la Sala Constitucional para presentar un recurso de amparo.
Este jueves 6 de octubre se intentó contactar a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, pero no contestó los mensajes enviados a su teléfono celular.
