Ciudad de México, 4 oct (Sputnik).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continúa realizando labores irregulares de espionaje en México, como lo muestran los casos de periodistas y defensores de derechos humanos, cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos con el programa espía de fabricación israelí Pegasus, denunciaron el lunes organizaciones civiles.
«Existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos, cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, fueron espiadas con el malware Pegasus de la empresa NSO Group (israelí) entre 2019 y 2021, es decir, durante el Gobierno actual», que comenzó en diciembre de 2018, informa en un comunicado.
La denuncia se basa en un análisis forense llevado a cabo por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
La investigación denominada «Ejército Espía» revela el uso malware Pegasus, para espiar a Ricardo Raphael, periodista y autor del libro sobre el narcotráfico «Hijos de la Guerra», un reportero del medio Animal Político, y a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (noroeste).
La denuncia la presentaron las organizaciones Artículo 19, el jesuita Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, (R3D), y SocialTIC , en colaboración con los medios Animal Político, la revista semanal Proceso, y el portal Aristegui Noticias.
«Este informe revela que la Sedena compró este sistema de monitoreo y ocultó dicho contrato. No solo espiaron, lo ocultaron activamente cuando se les requirió dicha información, y mintieron a la carpeta de investigación (judicial) abierta desde hace cinco años, eso es un delito», dijo Luis Fernando García deR3D.
Otro caso de espionaje militar
Un extenso informe revela que el Ejército mexicano «sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal» contra civiles.
Los investigadores señalan que sus hallazgos contradicen las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su administración no contrataría sistemas de espionaje, ni los usaría contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Las organizaciones indican que esa contradicción tiene dos escenarios posibles: el primero, es que «el presidente mintió».
O bien, el segundo, «que las Fuerzas Armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su Comandante Supremo».
Otro escándalo surgió el viernes pasado, cuando el presidente López Obrador confirmó que fueron hackeados millones de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas, por el grupo autodenominado «Guacamaya», que también vulneró los archivos militares en Chile, Colombia, Guatemala y El Salvador.
Uno de esos correos publicados por el portal de noticias Latinus, que ha tenido acceso a la masiva filtración, señala que el 8 de agosto de este año la Zona Militar 1, con sede en la capital del país, envió al Centro Coordinador de Fusión de Inteligencia Militar una radiografía de grupos sociales de la capital, acusados de cometer actos vandálicos.
Entre ellos están 15 colectivos feministas conocidos en la capital como Bloque Negro, Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Coordinadora 8M y Colectiva Aquelarre Feminista.
Pero el informe también incluye al mencionado centro defensor de derechos humanos que lleva el nombre del jesuita fusilado en 1927, Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña con asesoría jurídica a los padres y madres de 43 estudiantes desaparecidos y presuntamente masacrados de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa en 2014.
El espionaje militar cataloga a ese centro humanitario como un «grupo de presión».
Este lunes, la organización de la Compañía de Jesús emitió un comunicado en el cual expresa su «preocupación porque la labor legítima de defensa civil de derechos humanos, así como las acciones de otros movimientos sociales, sean objeto de seguimiento por parte del Ejército».
El posicionamiento esgrime que la labor de organismos defensores de derechos humanos «es legítima y relevante para la democracia, siendo lamentable que se le catalogue como propia de grupos de presión».
El organismo, reconocido como interlocutor de entidades internacionales de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de defensa de derechos humanos, subraya «la incapacidad de la Fuerzas Armadas para entender a la sociedad civil y los movimientos sociales como actores legítimos en democracia».
Finalmente señala que es otra razón más de preocupación «frente a la profundización de de la militarización» que según el centro está en curso en el país. (Sputnik)
