El Poder Judicial previó un presupuesto de unos ¢479 millones para pagar, en el 2023, un incentivo para los 398 funcionarios de los juzgados y tribunales que atenderían los casos de delincuencia organizada.
Este es un nuevo componente salarial dentro del sistema judicial. Se le denomina Incentivo para la Jurisdicción de Delincuencia Organizada. Se aprobó en el 2019 mediante la Ley 9481 que ordenó crear estos juzgados y tribunales especializados. Sin embargo, todavía no han sido instaurados.
De acuerdo con el Poder Judicial, el incentivo será de un 10% sobre el salario base referido al índice salarial del segundo semestre del año 2018, para todas las clases de puestos especializados de la jurisdicción.
El componente luego se convertirá en un monto fijo, dado que la reforma tributaria transformó al mismo tiempo los pluses porcentuales en nominales.
El nuevo incentivo representa el 0,12% del presupuesto anual de remuneraciones. Para el próximo año, este poder del Estado pagará ¢398.990 millones en salarios, por lo que el plus implicaría una erogación de ¢479 millones en el 2023, de acuerdo con el plan de gastos inicial presentado por Hacienda.
La Contraloría General de la República advirtió de que, con la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público en el 2023, el Poder Judicial deberá determinar el proceso de transición del personal hacia la figura de salario global y sus efectos en el gasto en salarios.
Entrarán en el salario global los nuevos funcionarios, mientras que los actuales continuarán con sus remuneraciones con pluses hasta que sean alcanzados por los sueldos del nuevo esquema.
Los incentivos salariales que se aplican en el Poder Judicial dependen del programa presupuestario, ya que obedecen a las particularidades de las clases de puesto, funciones, responsabilidades, riesgos en el ejercicio de la función y exclusividad en la función del cargo, explicó el Poder Judicial.
En este poder del Estado, existen actualmente 226 categorías de puestos en los ámbitos jurisdiccional, administrativo, los auxiliares de justicia (Ministerio Público), Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Defensa Pública, Escuela Judicial y el programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Existen 76 incentivos, según el índice salarial del segundo semestre del 2018.
El presupuesto inicial del Poder Judicial crecía en ¢10.892 millones, de los cuales ¢8.897 millones correspondían a remuneraciones.
El presupuesto general alcanzó los ¢473.479 millones en el 2022 y en el 2023 subía a ¢484.371 millones.
En tanto, el pago de remuneraciones rondaba el 82% del total del gasto. Pasaba de ¢390.000 millones para este año a ¢398.990 millones en el 2023. La planilla supera los 13.000 puestos.
Sin embargo, los diputados aprobaron recortar ¢6.393 millones del pago de intereses de la deuda para trasladarlos al Poder Judicial.
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Los juzgados especializados habilitados por la Ley N.° 9481 conocerán hechos que califiquen como delincuencia organizada. Imagen de archivo con fines ilustrativos. Foto: Alejandra Portuguez
