Buenos Aires, 5 oct (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó un acto para presentar la ley Yolanda, que promueve la formación en materia ambiental del personal que trabaja en la administración pública.
«Estamos cumpliendo con una ley que impone la obligación de que los funcionarios públicos escuchen información sobre el alcance del cambio climático y las consecuencias que puede aparejar», sostuvo Fernández este miércoles en Buenos Aires.
Durante el acto, celebrado en el Centro Cultural Kirchner, el gobernante destacó que el desafío que tiene el país es compaginar el desarrollo con la preservación del ambiente.
«Este no es un problema que puede venir, el problema ya está; el problema no puede esperar al mañana, el problema es hoy y debemos resolverlo con seriedad, no solo hablando», afirmó el mandatario.
En su reflexión sobre el peligro que entraña el cambio climático, Fernández se refirió a EEUU como uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero.
«Hasta el día de hoy estamos discutiendo con líderes del mundo si eso es cierto o no es cierto», cuestionó respecto al cambio climático.
La única preocupación de los mandatarios europeos, en tanto, «es cómo seguir produciendo», puntualizó Fernández al poner de ejemplo a Alemania, que comenzó a generar carbón.
Argentina, en tanto, no es culpable «de muchas cosas que pasan» sino «víctimas», aunque matizó que el país sudamericano también tiene responsabilidades.
«Debemos transitar un camino con plena conciencia, porque si no cambiamos, los resultados serán muchos peores a los que ya vivimos», sostuvo.
En ese sentido, la ley Yolanda «es muy valiosa para que afrontemos estos debates y tomemos conciencia de lo que el mundo vive», aseguró el presidente argentino.
La normativa lleva el nombre de la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, Yolanda Ortiz, designada en 1973 durante el Gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974).
La ley, sancionada el 17 de noviembre de 2020, trata de garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con atención a la emergencia climática en todos los niveles del Estado.
En virtud de esta legislación, fueron capacitadas hasta el momento 10.800 personas, de las cuales 10.030 son trabajadores del Poder Ejecutivo Nacional, 500 del Poder Judicial y 300 del Poder Legislativo. (Sputnik)
