Quito, 23 sep (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destituyó el viernes a los mandos policiales y a dos generales del Ejército, en medio de la conmoción por el asesinato de la abogada María Belén Bernal, quien fue vista con vida por última vez tras su ingreso en la Escuela Superior de la Policía.
«He solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas. El Gobierno Nacional valorará su permanencia en la institución. Además, he dispuesto que los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución», publicó Lasso en su cuenta de Twitter.
El presidente Lasso reacciona ante la exigencia de grupos defensores de derechos humanos, asociaciones de familiares de desaparecidos y colectivos feministas para que se haga una depuración en el alto mando policial y en particular en la Escuela Superior de la Policía.
Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, solicitó la presencia de expertos internacionales para investigar la verdad del crimen de su hija en la institución policial, a donde fue a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, ahora prófugo de la justicia.
Este viernes también se conoció que el Gobierno de Ecuador pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con «observancia y asesoramiento» en la investigación de este homicidio, «a fin de garantizar el descubrimiento de la verdad»,
La Fiscalía anunció que una Comisión internacional llegará el lunes desde Colombia, integrada por un fiscal, un técnico criminalístico y un investigador civil, para intervenir en el proceso de investigación, lo que, dijo, «permitirá continuar con un proceso objetivo y transparente».
Por su parte, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, convocó para el miércoles 28 a las 10.00 (hora local, 15.00 GMT) a la sesión 800 del Pleno varias autoridades, entre ellas al ministro del Interior, Patricio Carrillo; el comandante general de la Policía, Fausto Salinas; el secretario de seguridad pública, Diego Ordóñez; la secretaria de Derechos humanos, Paola Flores, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Las comisiones legislativas de Justicia y Estructura del Estado y de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana también emitieron convocatorias a esas y otras autoridades para que comparezcan por el mismo caso. (Sputnik)
