¿Quién quiere ser millonario?

El expresidente José María Figueres arrastra desde principios de siglo el estigma de haber sido beneficiado con uno de estos comodines. Alegando una consultoría internacional, con repercusiones nacionales, a la cual tenía derecho divino por “jugar en grandes ligas”, se favoreció de la repartición de $2,7 millones en el año 2000, procedentes de la firma Alcatel a través de la empresa de uno de sus mejores amigos y confidentes, Roberto Hidalgo.

Le depositaron en una cuenta $900.000, pero Figueres no fue el único. A la ex secretaria general del Partido Liberación Nacional Carmen Valverde le tocaron $900.000 de la misma bolsa por “elaboración y revisión de textos”. Quizás ni el corrector de Guerra y paz, de León Tolstói (637 páginas en mi edición de Clásicos inolvidables de Perymat Libros, S. A.), ni el de Ulises de James Joyce (975 páginas en la de Random House Mondadori), ni los siete tomos de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust fueron compensados tan generosamente.

Como no todos recordarán, porque algunos de ustedes todavía no habían nacido, Alcatel ganó una licitación de 400.000 líneas celulares y otra para ampliar las centrales de telefonía fija en el país. Si bien Figueres ha sostenido a lo largo de los años su correctísima actuación y el caso fue desestimado al no encontrar suficiente evidencia que demostrara la comisión de algún delito, en una entrevista con Telenoticias en el 2007 declaró que no iba a volver a dar “consultorías internacionales” a ninguna empresa “que tenga que ver con el gobierno de Costa Rica”.

Otro comodín apareció en el 2008. Esta vez en la figura de las “asesorías” con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La presidencia de la República gastó entre noviembre del 2006 y enero del 2009, en el segundo gobierno de Óscar Arias, casi $1,5 millones en 84 consultorías para imagen, prensa y consejería legal y legislativa; además, un mensajero, un músico y un mecánico también fueron “consultores”.

Gracias a un reportaje donde La Nación lo reveló, Pilar Cisneros, la periodista y entonces directora de Telenoticias, cuestionó severamente al hoy presidente del Congreso, Rodrigo Arias. Ante la comisión legislativa investigadora, Rodrigo Arias admitió que fue él quien pidió al BCIE manejar las donaciones de $2 millones “fuera de los controles del presupuesto nacional”.

En octubre del 2006, el ministro de Educación Leonardo Garnier otorgó una consultoría a la empresa Procesos por $776.000, proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para reformar los programas de estudio de Cívica, Música, Artes Plásticas, Artes Industriales, Educación Física y Educación para el Hogar.

En entrevista con La Nación, Garnier aseguró, en el 2012, que nunca creyó que existiera conflicto de intereses. “A lo largo de la vida uno participa en muchas organizaciones y con mucha gente (...). Sí, cuando uno contrata a una persona que es amiga de uno, uno sabe que alguien puede pensar que eso está mal, yo eso lo tenía claro, por supuesto”. Garnier fue socio de los dueños de Procesos, Fernando Herrero y su esposa Flor Isabel Rodríguez, aunque en el momento de la contratación no formaba parte de la firma.

En agosto del 2013 (administración Chinchilla), Procesos obtuvo una “contratación directa por servicios de escasa cuantía” en Recope, por ¢18 millones; en octubre de ese año, un contrato de la presidencia por ¢17 millones para ofrecer servicios de consultoría, estrategia, manejo de opinión pública y manejo de crisis; y anteriormente, durante la administración Arias Sánchez (2006-2010), dos contratos con Procomer por $115.000.

Por eso, no deja de tener razón el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuando critica las consultorías contratadas “sin licitación”. Lo dijo en referencia a los $1,4 millones en estudios pagados para determinar la factibilidad del “trencito eléctrico” de pasajeros en la administración de Carlos Alvarado.

Pero la evidencia, lamentablemente, muestra que nada ha cambiado en 22 años. Paradójicamente, el discurso pronunciado con tanto énfasis en sus acostumbradas conferencias de prensa está colmado de contradicciones, porque la administración Chaves Robles gastará “sin licitación” —echando mano del mohoso comodín— en una asesoría para efectuar la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

El elemento original para lograr tal prodigio es ahora la discrecionalidad, pues no se utilizará el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para la contratación de los futuros expertos. El proyecto enviado a la Asamblea indica una “excepción expresa” para la adjudicación de la asesoría especializada. ¿Quiénes serán los contratados? Aún no hay respuesta definitiva.

Como si fuera poco, también propone tomar el millón de dólares que el BCIE pone a disposición de cada nuevo gobierno para financiar un estudio jurídico sobre las pensiones de lujo, pero de las cuales se sabe, sobradamente, cuántas personas las reciben, los montos y hasta en donde viven los “jubilados”.

De hecho, la exministra de Trabajo y ahora presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social leyó la lista ante “el pueblo”. ¿Quiénes serán los posibles afortunados abogados? Para esta pregunta tampoco hay respuesta definitiva.

El comodín de la discreción opera para cuantos propósitos quepan en la imaginación. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, alegó “discrecionalidad” para justificar la selección de la empresa alemana Dekra —que no fue la mejor calificada— como nueva operadora de la revisión técnica vehicular, un negocio hecho “sin licitación” de cuando menos ¢24.000 millones durante los dos años de permiso, es decir, $37 millones de dólares aproximadamente. Vamos in crescendo, y apenas estamos comenzando.

gmora@nacion.com

La autora es editora de Opinión de La Nación.