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Reclusos en Bolivia buscan reducir sus penas mediante la lectura

Santa Cruz (Bolivia), 23 sep (Sputnik).- «Libros por cárcel» es el programa de reinserción social al que se acogieron 667 presos en Bolivia para reducir sus penas y dejar las prisiones, que son consideradas «basureros humanos».

La iniciativa comenzó en 2019 en dos prisiones, impulsada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, cuya titular interina Nadia Cruz, explicó a la Agencia Sputnik, que en la actualidad se amplió a las 21 penitenciarias del país.

«Esto generó que jueces de ejecución penal puedan considerar el programa ‘Libros por cárcel’, para poder generar una conmutación de la pena de los reos», destacó.

El reo que se acoge al programa elige un libro y una junta penitenciaria pone un plazo para su lectura. Después se realiza una evaluación sobre el aprendizaje adquirido y la junta redacta un acta en la que escribe la calificación y otorga la ponderación de las horas conmutadas de la pena.

Posteriormente, el acta pasa a manos del juez de ejecución penal para que sea considerado.

La defensora del Pueblo argumentó que el informe «Volcar la mirada a las cárceles», publicado en 2018 por su institución, constató que el Estado boliviano no tiene capacidad de reinsertar a los privados de libertad y que los programas de rehabilitación no se aplicaban por falta de recursos.

«Ese informe resalta que los programas de reinserción social no funcionan en el Estado boliviano. Es decir, no existe capacidad del Estado, carcelaria ni interinstitucional para que una persona que purga una condena en la cárcel se reinserte», confirmó.

El programa «Libros por cárcel» captó la atención de la ciudadanía y del Estado, que lograron reunir mediante donaciones aproximadamente 14.000 libros para equipar las precarias bibliotecas de los centros penitenciarios.

«Por los testimonios conocimos que la lectura ha sido como una apertura en sus mentes, como un insumo para poder construir una nueva vida al momento de salir de la cárcel. Hubo buena recepción y fortalece la idea de que después de la cárcel existe una vida y nuevas oportunidades», manifestó Cruz.

Reinserción inexistente

La Ley de Ejecución Penal bolivianA establece programas de reinserción como educación y trabajo, pero en la práctica son iniciativas muy básicas, que son tomadas más como un pasatiempo que como una capacitación en los recintos carcelarios.

«Existen en las cárceles bolivianas los procesos de reinserción, pero son muy débiles», aseguró.

El testimonio de la joven M.T., de 20 años, que está recluida en el penal Qalauma para Jóvenes de La Paz, constata que no cuentan con acceso a educación ni oportunidades para rehabilitarse, según el estudio «Volcar la mirada a las cárceles» (2018).

«Una vez a la semana pasamos clases por cuatro horas, eso no nos ayuda en nada, es muy poco y no alcanzaría para entrar a la universidad», lamentó.

La apertura de una pequeña biblioteca le da esperanza, aunque protesta porque no tiene muchos libros ni muebles para lectura como el que tienen en la sección de varones.

La Defensoría del Pueblo observó que la pobreza de los privados de libertad también se perpetúa en la cárcel al no haber oportunidades laborales con una proyección a futuro.

«Muchas personas en las cárceles están muy empobrecidas. Si el Estado promete capacitar en oficios tradicionales para reinsertarlos en la sociedad, con esos mismos oficios no tendrán grandes oportunidades. Entonces, se perpetúa el empobrecimiento», criticó Cruz.

«Basureros humanos»

Son aproximadamente 18.000 privados de libertad actualmente en Bolivia, de los cuales el 65 por ciento no tiene sentencia y están detenidos preventivamente.

El hacinamiento llega a niveles alarmantes, en la actualidad está al 165 por ciento en las 21 cárceles del país.

«Consideramos que el principal problema de nuestros centros penitenciarios es el sistema de justicia. Los fiscales y jueces siguen tomando las cárceles como basureros humanos y como un espacio que les da a ellos tiempo o justificación para olvidar las causas que están llegando a los tribunales», lamentó la defensora del Pueblo.

En su criterio, existe una especie de divorcio entre operadores de justicia y la condición humana.

«Se sigue repitiendo la ineficacia en los procesos de reinserción social, afectación de por vida en las familias, de las víctimas, así como de los que delinquieron. Realmente es una situación bastante preocupante», alertó.

Otro aspecto alarmante en las cárceles bolivianas es la presencia de menores de edad, hijos de los reos, que al no tener un lugar donde vivir o familia extendida, se quedan acompañando a sus tutores hasta que cumplan su condena.

Hasta el 2019 la cantidad de niños que acompañaban a sus padres era de 300 solo en la cárcel de San Pedro en La Paz, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo. (Sputnik)