Una iniciativa de ley impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende que parte de los recursos que recibe la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) sean redirigidos para la atención de infraestructura educativa.
En concreto, la propuesta, formulada por la jefa de fracción socialcristiana Daniela Rojas, quiere bajar de un 40% a un 10% el monto que se le asigna a la UNGL por concepto de la Ley N.° 10 (venta de licores).
El restante 30% se les girará a todas las municipalidades del país para que atiendan infraestructura, equipamiento educativo y, además, desarrollen programas de seguridad ciudadana en cada cantón.
Además, se busca que la UNGL junto con la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI), la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (Recomm) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia no puedan gastar más del 20% de los recursos en salarios u otros gastos corrientes.
Del mismo modo, deberán presentar anualmente un informe detallado sobre el uso y ejecución de los recursos asignados.
En los últimos 10 años, la UNGL ha percibido más de ¢3.428 millones.
“Esta es una propuesta que vendrá a contribuir a dos problemas que pueden catalogarse como de emergencia nacional. Las municipalidades pueden hacer un buen uso de esos recursos y priorizar de la mejor manera para la atención de infraestructura educativa y seguridad cantonal”, expresó la legisladora.
INFORME
De acuerdo con el Informe sobre Infraestructura en Escuelas y Colegios Públicos del 2019, del Ministerio de Educación Pública (MEP), existe una creciente demanda de aulas y de las existentes destinadas para primaria, el 15,2% no se encuentra en óptimas condiciones.
De las destinadas a preescolar, el 13,9% no está en buenas condiciones y en el caso de educación especial, el 12,8% no cuenta con una infraestructura adecuada.
En educación secundaria, el 10,8% de las aulas no son óptimas para impartir lecciones.
De 8.125 espacios físicos para primaria como gimnasios, comedores, bibliotecas, cubículos, talleres, salas de profesores y laboratorios, el 13,1% de estos no está apto para su funcionamiento.
Igualmente, para la educación primaria, el acceso al agua potable es solo del 58,7%, del restante 41,3% su acceso es por medio de hidrantes (8,1%), pozos (6,6%), ríos o quebradas (1,2%), camiones cisterna (0,2%) o del todo no tienen (0,1%).
En el caso de la educación secundaria, el 66,7% tiene acceso a agua potable, el restante 33,3% su acceso es por medio de pozos (4,6%) o ríos y quebradas (2,2%).
