Ciudad de México, 27 sep (Sputnik).- El fiscal titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo por desacuerdos con procedimientos de la Fiscalía General de la República en la investigación de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace 8 años, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Él va a dejar el cargo y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal; hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista», dijo el jefe de Estado a periodistas.
La renuncia ocurre entre denuncias de «injerencia indebida» de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General que encabeza Alejandro Gertz Manero en la responsabilidad independiente que esta unidad que investiga la desaparición de los 43 normalistas en septiembre 2014, según organismos defensores de derechos humanos que representan a los familiares de las víctimas.
«El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión; hubo diferencias en ello, yo apoyo que hayan sacado las órdenes de acuerdo a lo que establece la investigación», dijo el presidente en el palacio nacional, sede del Ejecutivo.
La renuncia ocurre luego de la emisión de acusaciones y órdenes de detenciones incompletas de militares vinculados al caso, y la cancelación de otras órdenes de detención contra presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes.
Protestas de defensores
El jesuita Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez SJ», que representa jurídicamente a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos protestó por las circunstancias que llevaron a esa renuncia y defendieron al dimitente.
«Es una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso», dijo en un comunicado el organismo de la Compañía de Jesús.
Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público federal desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General.
Ese controvertido procedimiento fue aprobado por un juzgado de distrito en materia penal con sede en Toluca, capital del central estado de México, en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas.
El organismo defensor de derechos humanos salió en defensa del trabajo del fiscal renunciante y también del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas.
«Damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la Comisión de la Verdad de cuya labor decisiva damos testimonio también y llamamos a que no se adopten represalias en su contra», dice el comunicado del centro defensor de derechos humanos.
Ante la abundante información sobre el caso que se ha vertido en los últimos días, en el marco del octavo aniversario de la tragedia , el centro jesuita que durante ocho años ha acompañado a las familias recalcó la relevancia del balance que efectuará el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) en fechas próximas.
Esa instancia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza», puntualiza el comunicado. (Sputnik)
