La Sala Constitucional ordenó, el pasado 25 de noviembre, a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), entregar la información relacionada con la aprobación del aumento salarial retroactivo de 1,7% mensual para los 2.470 funcionarios de la entidad.
La decisión de los magistrados responde a un recurso de amparo presentado, el 7 de octubre del presente año, por un ciudadano de apellidos Guerra Cobo. Araya Esquivel tiene 10 días hábiles para entregar los datos solicitados por el recurrente. La sentencia relacionada con este caso aún no está disponible.
Hasta ahora, el INS había rechazado varias solicitudes en las que se pedían los acuerdos de Junta Directiva vinculados al incremento en las remuneraciones y los análisis financieros, técnicos y legales sobre el aumento, Por ejemplo, Daniela Rojas, diputada y jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solicitó, en setiembre, los datos, pero la respuesta de la entidad estatal fue negativa.
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La única información sobre el ajuste, dada por el INS a la ciudadanía, es que tendrá un costo de ¢622 millones anuales; esa cifra incluye el pago de cargas sociales.
La institución argumentó, desde agosto, que la Política sobre Transparencia, Confidencialidad, Acceso, Clasificación y Manejo de la Información Instituto Nacional de Seguros (INS) avalaba mantener los documentos en secreto por ser “una decisión empresarial”.
No obstante, la normativa mencionada no incluye la materia salarial como información confidencial.
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Entre lo que sí está considerado como confidencial figuran los datos de asegurados o eventuales asegurados, información del “fuero interno” como origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros.
Además, es confidencial la información bancaria, financiera, crediticia y la vinculada a las actividades del INS que califique como secreto industrial, comercial o económico.
La Nación contactó a la jerarca del INS para consultarle sobre la determinación de los magistrados, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
