La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por las universidades públicas, en julio del 2019, en un intento de quedar excluidas de la regla fiscal.
Los magistrados rechazaron por el fondo el reclamo presentado por quienes se desempeñaban en ese momento como rectores de esas entidades, para quienes incluir a las casas de enseñanza dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), aprobada en diciembre de 2018, violenta la Constitución.
La acción fue declarada sin lugar, por mayoría, “al no acreditarse en el caso concreto una inconstitucionalidad por omisión”, que era el argumento de los entonces rectores.
Una acción de inconstitucionalidad por omisión es una figura que busca corregir, precisamente, las omisiones normativas del legislador que vulneren derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política.
Sin embargo, el tribunal constitucional no analizó si las universidades deben o no formar estar cubiertas por la regla fiscal, que pone tope al crecimiento del presupuesto anual.
La acción fue presentada por Henning Jensen, entonces rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); Julio César Calvo, del Instituto Tecnológico; Alberto Salom, de la Universidad Nacional; Marcelo Prieto, de la Universidad Técnica Nacional y Rodrigo Arias, todavía rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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Henning Jensen Pennington, entonces rector del UCR, fue uno de los que presentó la acción de inconstitucionalidad en 2019. (GRACIELA SOLIS)
Esas casas de enseñanza superior perseguían que se declararan inconstitucionales los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley No. 9635, los que establece la aplicación de la llamada regla fiscal, que puso límites de crecimiento al presupuesto de las instituciones públicas.
Para los rectores, tales disposiciones son contrarias a los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política.
El primero de estos numerales establece la obligación de otorgar el 8% del producto interno bruto (PIB) anual a la educación; los otros se refieren a la independencia universitaria y crea el fondo para estas instituciones, denominado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES )
La sentencia integral está en redacción, una vez que ese proceso concluya y se notifique a las partes, se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial, Nexus.
Aún falta por resolver la demanda contra el Estado que los mismo rectores entablaron, en mayo de 2019, ante los tribunales contencioso administrativo. Igual que la acción, el motivo de la demanda es la inclusión de las universidades en la llamada reforma fiscal.
Ese reclamo se presentó contra los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Planificación y Política Pública (Mideplán).
