Ciudad de México, 5 oct (Sputnik).- El Pleno del Senado de México aprobó la noche del martes una reforma constitucional para ampliar de 2024 hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles en el combate a la delincuencia, al lograr mayoría calificada requerida de al menos dos terceras partes de votos.
«Se emitió un total de 127 votos, de los cuales 87 fueron a favor, 40 en contra y cero abstenciones (una ausencia), por lo que se reúnen las dos tercera partes de los votos aprobatorios», que requiere una reforma constitucional en la legislación mexicana, anunció la secretaria de la Cámara Alta, tras más de ocho horas de debates.
El dictamen reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de la Carta Magna en materia de creación de la Guardia Nacional, promulgado en marzo de 2019, para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Los votos a favor fueron emitidos por las bancadas del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su dos aliados -los partidos del Trabajo y Verde Ecologista-, además del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), con apoyo de una parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) que se dividió.
Los sufragios en contra fueron del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), el llamado Grupo Plural de senadores independientes y otro segmento del PRI.
La reforma fue aprobada con modificaciones al proyecto original, presentado por el Ejecutivo federal y el oficialismo, que había sido frenado en la Cámara Alta el 21 de septiembre pasado, pero sin los cambios que exigía el llamado «bloque opositor de contención» .
El texto constitucional aprobado establece que el Poder Ejecutivo federal debe presentar un informe semestral al Congreso de la federación mexicana, en el que deberá incluir «indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública».
Además, se creará una comisión legislativa de ambas cámaras legislativas, que evaluará la estrategia de seguridad con comparecencias del Gabinete de Seguridad.
A partir del año 2024, último año del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno deberá crear un fondo de apoyo para fortalecer las instituciones locales de seguridad pública, policías de estados y estados.
El texto de la Carta Magna reformado había sido promulgado en marzo de 2019, a cuatro meses de haber comenzado la actual administración federal.
Postura de la oposición
El llamado «bloque de contención» -que al final se rompió- presentó otra propuesta que planteaba el fortalecimiento de una Guardia Nacional civil, sin mandos militares.
El senador del grupo plural independiente Emilio Álvarez Icaza dijo en la tribuna que el oficialismo rechazó que en el nuevo texto constitucional se excluyera la creación de «un sistema robusto de control del Congreso».
Tampoco fue aceptado un plan de profesionalización y de retiro progresivo y ordenado de las Fuerzas Armadas de las calles, con un proceso institucional, administrativo y presupuestal para cumplir esa meta.
El abogado que ha representado a México en el sistema interamericano de derechos humanos, denunció que el presidente y la bancada oficialista rechazaron «fortalecer las policías civiles para regresar a los militares a sus cuarteles».
«La militarización que hoy votan, aumenta el poder político castrense, y rompe la unidad de la oposición», puntualizó.
En el áspero debate con gritos e insultos cruzados, que estuvo a punto de llegar a los golpes, tampoco fue aceptado crear un plan de capacitación de las policías de los 32 estados de la federación mexicana y los casi 2.500 municipios del país.
Fue descartada además la propuesta de crear una estrategia «que evite un Estado militarizado», un plan de combate a la impunidad de las Fuerzas Armadas, acusadas ante organismos internacionales de cometer atrocidades.
El texto de la reforma constitucional regresa a la Cámara de Diputados para su discusión, donde el texto original había sido aprobado, pero al ser modificado este martes por la Cámara Alta debe volver a ser votado.
El texto avanza en el Congreso a pocos días de que surgieron revelaciones sobre el espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos, y líderes opositores por el Ejército, en un hackeo masivo de correros electrónicos con textos, fotos y vídeos confidenciales de las Fuerzas Armadas, efectuado por el grupo activista autodenominado «Guacamaya». (Sputnik)
