Pese a que recientemente el autobús que cayó a un precipicio y murieron nueve personas, estaba fuera del rango de antigüedad establecido en la ley (más de 15 años), los diputados de Asuntos Económicos dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que permitiría aumentar la antigüedad de unidades de cualquier empresa que brinde el servicio.
Actualmente, la ley 7600, en su artículo 46 bis, indica que después de 15 años de servicio el modelo la unidad debe salir de ruta y no prestar más el servicio.
Sin embargo, esta cita cambiaría luego de que en la Comisión se aprobara dictaminar el expediente 22.530, el cual se presentó en junio del 2021 por el exdiputado socialcristiano Erwen Masis, para expandir de 15 a 20 años la antigüedad permitida para prestar el servicio de transporte público.
Dicha iniciativa, nació con la idea de que las empresas que prestan el servicio público se vieron afectadas por la pandemia del Covid19, puedan mantener las unidades en las rutas producto de las pérdidas generadas por la crisis del 2020.
Sin embargo, la principal y única opositora, Sofía Guillén del Frente Amplio, explicó que su preocupación se ostenta porque “el proyecto no hace distinción entre las grandes autobuseras que cofinancian las campañas, a las pequeñas autobuseras y las cooperativas que ciertamente pueden estar en una necesidad por la pandemia”, comentó.
El proyecto, fue aprobado por las diputadas liberacionistas (PLN) Kattia Rivera y Monserrat Ruiz; del Partido Unidad Social acristiana (PUSC) Vanessa Castro y María Marta Carballo; Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP); Olga Morera, de Nueva República (PNR); y Waldo Agüero, del Progreso Social Democrático (PPSD).
Siendo Guillen la única diputada que votó en contra.
“De hecho presentamos varias mociones para que el proyecto solo se les aplicara a ellas (pequeñas empresas y cooperativas), pero rechazaron todas las mociones dejando un texto que se le aplica a todo el gremio autobusero”, dijo Guillen.
Incluso, la congresista expuso durante su intervención, que el expediente 17.267, propuesto en el 2008, tenía las mismas intenciones de elevar la antigüedad, pero sin el argumento de la pandemia. Iniciativa que mismas autobuseras rechazaron en su momento.
“Este proyecto lleva otros antecedentes, otra naturaleza y otra intencionalidad”, comentó la diputada.
Otras instituciones como el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Público emitieron criterios en contra del proyecto.
Recientemente, y pese a que esa debería ser la obligación diaria, el CTP informó la semana anterior que comenzará a investigar la antigüedad de la flota autobusera.
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