La Autoridad del Canal de Panamá compró un softwere por $15.8 millones de dólares que nunca ejecutó, y no lo investigan, en cambio, Criptext costó $200 mil dólares, se ejecutó y fui procesado, cuestionó el empresario Mayer Mizrachi.
El polémico contrato por parte de la administración de Jorge Luis Quijano deja en evidencia la selectividad con la que actúa el sistema de justicia, dijo Mizrachi.
La denuncia pública de Mizrachi quedó sustentada en un cuestionario elevado al actual administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, donde se le solicitó información sobre dicho contrato.
"Ricauter Vásquez, dejó en evidencia a Jorge Luis Quijano y su negociado de $15 millones de dólares con el software Quintiq, el cuál nunca se implementó pero si se pagó", señaló la diputada Zulay Rodríguez.
En el documento, Váquez confirmó la adquisición de la plataforma Quintiq, mediante Resolución de Junta Directiva NºACP-JD-RM 16-850 de 15 de diciembre de 2016, que tenía como objetivo incrementar la capacidad y los ingresos operativos del Canal a través de una mejor programación de horarios de buques y optimizar la disponibilidad y costo de los recursos marítimos.
No obstante, Vásquez aclaró que Quintiq no fue implementada en la ACP, y en su lugar, se inició con el diseño, configuración, desarrollo y unas primeras pruebas en ambiente no productivo.
El proceso de implementación de las licencias de la plataforma en servicio de la ACP, en ambiente no productivo, se realizó desde el 19 de septiembre de 2017 al 25 de julio de 2018. No obstante, la capacitación de los usuarios, configuración y desarrollo de dicha solución no se llegó a completar, señaló Vásquez.'
Caraballo le tienen una pistola en la cabeza, porque no está nombrado, dijo el empresario Mayer Mizrachi.
Agregó que en las primeras pruebas en ambientes de desarrollo y pruebas, se identificó que Quintiq no brindaba la optimización y eficiencia esperada. El actual administrador del Canal de Panamá, también confirmó el costo pagado sumó los $15,814, 522.07 dólares, lo cual incluía la compra, implementación y mantenimiento del programa.
Al ser cuestionado sobre la fiscalización de este contrato, Vásquez aseguró que el Fiscalizador General, responsable de realizar y supervisar auditorías e investigaciones, que a su vez responde directamente a la Junta Directiva de la ACP, compartió dos cartas del 11 de septiembre del 2018 y 27 de diciembre del 2019, además de un informe de auditorías del 7 de febrero del 2018 relacionados con el programa Quintiq. La FG realiza otro informe de auditorías, cuyo resultado final no ha sido remitido a la Junta Directiva de la ACP.
Mizrachi mostró su indignación por la labor del Ministerio Público. "A él lo persiguieron injustamente, mientras que Quijano quedó impune", agregó Rodríguez.
