La jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, admitió 45 pruebas testimoniales, documentales e informes que la Fiscalía Superior Anticorrupción (Ruth Morcillo) presentó contra 25 personas acusadas de blanqueo de dinero, que la constructora brasileña Odebrecht otorgó a políticos, funcionarios y empresarios en Panamá, a cambio de recibir privilegios en contrataciones estatales.
En todo procedimiento legal las partes tienen derecho a presentar pruebas en los periodos establecidos por la ley. También tienen la posibilidad de refutarlas. Pero corresponde al juez del caso decidir si son admisibles o inadmisibles.
Mediante el Auto 162, del 27 de septiembre de 2023, Marquínez admitió el escrito de pruebas del 18 de julio de 2023 de la fiscal Morcillo, que contenía 14 pruebas testimoniales. Entre los testigos están André Campo Rabello, que estaba a cargo de la constructora brasileña en Panamá y que explicaría el mecanismo usado para sobornar a funcionarios y personas allegadas al poder y para realizar las transferencias de dinero.
En la lista también están otros altos ejecutivos de la constructora –Luis Mameri y Olivio Rodríguez– involucrados en la trama de sobornos. Hay, además, abogados y empresarios que se acogieron a acuerdos de pena y colaboración que servirán de testigos de la fiscalía. La juzgadora aclaró que las pruebas testimoniales guardan relación con los hechos.
Marquínez también admitió 30 pruebas documentales que reposan en el expediente, entre ellas, información bancaria, asistencias judiciales, documentos de sociedades anónimas, acuerdos de pena, sentencias emitidas en el extranjero, declaraciones indagatorias, auditorías, entre otros.
Según la jueza, las pruebas documentales admitidas explican de manera puntual y clara los hechos que son objeto de investigación. Además, cumplen con las formalidades legales para ser admitidos al tratarse de documentos públicos y privados revestidos de autenticidad.
Aunado a lo anterior, la jueza admitió la petición de girar asistencia internacional al Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener copia certificada de los acuerdos suscritos por Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y de las sentencias en las que fueron condenados por conspirar para lavar dinero de la constructora en el sistema financiero de ese país.
Marquínez recalcó que la admisión de esta prueba resulta “eficaz” para el juicio. Los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) están entre los acusados de lavar dinero de la constructora. También están varios exministros, políticos y empresarios.
.El juicio previsto para empezar el 27 de septiembre de 2023 ha sido pospuesto para el 15 de julio de 2024. En fecha alterna comenzaría el 16 de septiembre de 2024. Las fechas fijadas para la audiencia ordinaria indican que se realizaría después de las elecciones generales de 2024, donde Martinelli corre para la Presidencia, con las encuestas a su favor.
¿RM y Varela, a juicios especiales?
De ganar la Presidencia, su causa pasaría de la justicia ordinaria a los procedimientos especiales, un sistema procesal que ha sido cuestionado por los privilegios que otorga, que favorecen la impunidad, comentó un abogado que pidió reserva de la identidad.
En este caso, la competencia para conocer las denuncias o querellas contra el presidente –por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios a la Constitución Política o las leyes– es de la Asamblea Nacional de Panamá. La inocencia o culpabilidad del presidente se decide mediante una votación secreta del pleno. Se requerirá de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea para dictar una sentencia condenatoria, de acuerdo con el Código Procesal Penal.
Es similar el caso del expresidente Juan Carlos Varela, que busca convertirse en diputado del Parlamento Centroamericano. De convertirse en diputado, su proceso también pasaría de la justicia ordinaria a los procedimientos especiales.
Le compete al pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los actos delictivos y policivos atribuidos a los diputados de la República, presidentes y suplentes. El Código Procesal Penal en su artículo 495 establece que las decisiones que tome el pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las causas seguidas a un diputado serán adoptadas por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Pero la sentencia que resuelva el fondo de la investigación será adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte, es decir, seis votos de los nueve magistrados. Bajo este sistema ningún diputado ha sido condenado.
