Argentina

Algo es algo: Alberto Fernández enviará al Congreso la esperada ley de promoción agroindustrial

Estoy rumiando el discurso de apertura de sesiones legislativas que pronunció ayer el presidente Alberto Fernández. Me dejó con sensaciones encontradas. Por un lado, una notoria mezquindad a la hora de reconocer la importancia del sector agropecuario como palanca de la economía y factor clave en la crisis económica, potenciada por la pandemia del Covid. Por el otro, el anuncio de que va a enviar al Congreso la esperada ley de promoción agroindustrial.

Este es un hecho relevante, que surgió de una propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino, integrado por medio centenar de las más relevantes organizaciones y cámaras de las distintas cadenas. Muchas veces se plantea un divorcio entre los distintos eslabones de la estructura productiva, con entidades de la producción básica que consideran que cualquier beneficio destinado a la inversión en valor agregado adicional es un negocio para pocos. Es una visión estática. Te lo voy a explicar.

Hace 60 años, un pequeño grupo de emprendedores quiso introducir la soja en modo comercial. Hasta entonces no había salido de la academia y algunas instituciones de investigación y desarrollo. La expansión estaba limitada por muchos factores, pero el más importante era el desinterés por parte de la industria aceitera. Por entonces se veía a la soja como una oleaginosa, a pesar de que solo contiene un 18% de aceite, la mitad que las semillas de girasol o de lino, que eran las que procesaba la industria en un racimo de plantas diseminadas por todo el territorio. Se abastecía al mercado interno y había saldos exportables de cierto relieve, pero no pesaba en las grandes cuentas nacionales.

Aquellos pioneros de la soja se toparon con un problema: las plantas que procesaban girasol y lino lo hacían con sistema de prensa, que no se adaptaba para extraer el aceite de soja. Estábamos en un círculo vicioso: sin demanda local, y con una Junta Nacional de Granos que nunca fue pionera en nada, la soja no figuraba en la imaginación de nadie.

Pero de pronto explotó el interés por la harina de soja. Vinieron los primeros proyectos de plantas de “crushing” o molturación, donde en lugar de extracción por prensa, se utilizaba el sistema de solventes. Esta industria se fue abriendo paso con muy escasos estímulos, pero suficientes como para que se dispararan las primeras inversiones. Luego llegó la desregulación de los puertos, lo que dio lugar a la instalación de plantas cada vez de mayor escala y mejor tecnología. La desregulación dio paso a otra gran obra: el dragado de la hidrovía del Paraná.

Es cierto que existió en todo este proceso un diferencial arancelario que premiaba en valor agregado. Es cierto también que en la producción básica, tranqueras adentro, hay un enorme valor agregado. Es el que surge de la tecnología, incluyendo el manejo por parte del productor, que gerencia una línea de montaje a la que concurren, “just in time”, una batería de insumos, equipos y servicios.

El Estado, a través del tiempo, descubrió esta extraordinaria competitividad en la base de la cadena productiva y salió a mordisquear en su renta. Y generó un castigo tremendamente discriminatorio. Retenciones del 35% son absolutamente confiscatorias. Pero el hecho de que los derivados de la soja “solamente” paguen tres puntos menos, no deja de ser igualmente una exacción. El gobierno cree hacer un sacrificio fiscal cediendo estos tres puntos, y los productores creen que son ellos los que lo ponen.

Lo que sucede en la realidad es parte del manual no escrito de economía rural. La agroindustria de crushing generó una enorme inversión en capacidad instalada. Las mayores empresas internacionales del rubro hundieron miles de millones de dólares en una guerra de posicionamiento. La competencia fue y es feroz. He visto caer gigantes y surgir otros. Pelean palmo a palmo por cada camión. Cuando aparece alguna ventaja arancelaria, la competencia hace que la trasladen al mercado. En general, terminan trasladando al mercado cualquier ventaja arancelaria que aparezca. Los obliga la competencia.

Lo mismo pasa con los biocombustibles. Todos saben que la instalación de un conjunto de plantas de etanol de maíz con epicentro Villa María-Rio Cuarto, a partir de un programa de impulso a este biocombustible, generó una demanda con precios muy cercanos a los de Rosario. El impulso se traslada al valor del producto, una especie de “puerto seco” generado por el valor agregado en origen.

A propósito, una de las carencias del discurso de Alberto Fernández fue precisamente haber pasado por alto la cuestión de la prórroga de la ley 26093, que dio origen a la saga de los biocombustibles con el corte obligatorio de las naftas y el gasoil. Habló de impulsar las energías renovables, pero llamó la atención que pasara por alto al rubro de mayor impacto en la reducción de emisiones en la Argentina. Una pena. Pero esto sigue…

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