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El poder del dinero: cómo los autócratas usan Londres para atacar a sus enemigos en el mundo

LONDRES — Olena Tyshchenko, una abogada radicada en el Reino Unido, enfrentaba años en la celda de una atestada cárcel rusa cuando llegó una oportunidad de ser libre gracias a una fuente inesperada.

Un abogado inglés llamado Chris Hardman, un socio en Hogan Lovells, uno de los estudios jurídicos más importantes del mundo, voló a Moscú mientras su firma ayudaba a redactar una oferta tentadora.

Tyshchenko podía salir libre si brindaba información que pudiera usarse para ayudar a su cliente en una red expansiva de litigios en Londres.

El edificio que alberga a las oficinas de Hogan Lovells, uno de los despachos jurídicos más importantes del mundo, en Londres, el 13 de febrero de 2019. (Jane Stockdale/The New York Times)

El edificio que alberga a las oficinas de Hogan Lovells, uno de los despachos jurídicos más importantes del mundo, en Londres, el 13 de febrero de 2019. (Jane Stockdale/The New York Times)

El giro es que Tyshchenko era uno de los abogados del otro bando.

Para obtener su libertad, tenía que entregar a su cliente.

Era un intercambio despiadado.

Pero la cárcel de Moscú también había sido despiadada y Tyshchenko aceptó a regañadientes.

En una entrevista posterior, Tyshchenko comentó que lo que le parecía “más anormal” era que los abogados que se oponían a ella en un juicio en Londres pudieran tener una participación en su destino en Rusia.

“Son extremadamente agresivos”, agregó.

Una cárcel en Moscú. Un tribunal en Londres.

Uno es parte de un sistema judicial ruso al cual en términos generales se le considera corrupto y subordinado al Kremlin.

El otro es un símbolo de un sistema judicial inglés respetado en todo el mundo.

No obstante, después de que Hardman regresó a Londres, un juez inglés aceptó la evidencia obtenida de una cárcel de Moscú en el caso.

El episodio es un ejemplo vívido de cómo la política brutal de los países autoritarios como Rusia y Kazajistán se ha desparramado en el sistema judicial de Inglaterra, con abogados e investigadores privados de Londres que acumulan inmensos honorarios y se involucran en tácticas cuestionables al servicio de gobiernos extranjeros autocráticos.

Una investigación de The New York Times y el Buró de Periodismo Investigativo —en la que hubo una revisión de cientos de páginas de documentos de casos, registros filtrados y más de 80 entrevistas con informantes, expertos y testigos— revela cómo los autócratas usan los tribunales de Londres para librar una guerra legal en contra de la gente que ha escapado de sus países después de caer en desgracia a causa de la política o el dinero.

Durante cuatro de los últimos seis años, litigantes de Rusia y Kazajistán se han involucrado en más casos civiles en Inglaterra que cualquier otro extranjero.

Los gobiernos autoritarios o las entidades relacionadas de los Estados a menudo se enfrentan a magnates acaudalados que han caído en desgracia y han huido.

Ninguna de las partes provoca mucha lástima… pero ambos pagan generosos honorarios legales.

Entablar litigios en Londres puede darle legitimidad a las aseveraciones de los gobiernos autocráticos, cuyos propios sistemas judiciales están tan manchados que sus decisiones tienen poco peso fuera de sus fronteras.

Inglaterra también ofrece ventajas: los jueces son más laxos al examinar la evidencia, aunque provengan de servicios corruptos de seguridad o sistemas judiciales extranjeros deshonestos.

Las propias firmas privadas de inteligencia de Londres no están reguladas, casi no se les controla y a veces están dispuestas a usar métodos dudosos para clientes ricos.

En un ejemplo, nuestra investigación reveló que los detectives privados que trabajaban en un caso con la firma de Hardman, Hogan Lovells, viajaron a Francia para pagarle a un testigo potencial a fin de que testificara en contra de un enemigo del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Sin embargo, tal vez la ventaja más importante es cómo los abogados como Hardman les posibilitaron a sus clientes perseguir a sus enemigos al ganar lo que un juez llamó un “arma nuclear” legal: las órdenes judiciales que congelan los activos del acusado a nivel mundial.

Estas órdenes son similares a las que usa el gobierno estadounidense en contra de los terroristas o los traficantes de armas, salvo que provienen de procesos civiles.

Buena parte de este proceso se inicia en secreto, pues en muchos casos las órdenes se emiten antes de que el blanco esté al tanto o se le haya encontrado responsable en un juicio.

Ni siquiera los abogados especializados en las órdenes para congelar los activos están seguros de cuántas han emitido.

Sin embargo, el hecho de que ahora haya abogados, jueces e investigadores privados de Londres metidos hasta el cuello en las salvajes batallas políticas del mundo postsoviético está provocando preocupación.

“En el Reino Unido, nos piden que demos fallos sobre dinámicas políticas que no entienden por completo los tribunales ingleses”, opinó Tom Mayne, un investigador de la Universidad de Exeter especializado en cómo los tribunales ingleses manejan los casos de corrupción relacionados con la ex Unión Soviética.

“Parece un abuso de los tribunales ingleses, porque en esencia estamos reforzando el statu quo de los regímenes en esos países cleptocráticos”.

Hardman y sus protegidos de Hogan Lovells han sido líderes de la industria que representan a clientes poderosos de la ex Unión Soviética y trabajan de manera habitual con Diligence, una firma privada de inteligencia con sede en Londres que tiene reputación de llevar a cabo una vigilancia agresiva.

Las firmas están trabajando en equipo en nombre de la Agencia Rusa de Garantías de Depósitos para atrapar a Sergei Pugachev, otrora confidente de Putin que ahora está acusado por el Estado ruso de robar más de 1000 millones de dólares de un banco ruso, una acusación que Pugachev ha negado.

Otro ejemplo es una amarga y sensacional batalla legal que se originó en la brutal política autocrática de Kazajistán e involucra a un banco propiedad del Estado, un magnate fugitivo y acusaciones de miles de millones de dólares robados.

La disputa, la cual ha sido muy publicitada, comenzó hace doce años en Londres, involucra a varios abogados de ambas partes y se centra en Mukhtar Ablyazov, un ex miembro de las élites cleptocráticas de Kazajistán, quien asegura que buscan procesarlo después de caer en desgracia por motivos políticos.

Tyshchenko fue abogada de una empresa relacionada con Ablyazov.

En agosto de 2013, había ido a Moscú, pero fue capturada en su hotel de lujo cerca del Kremlin, la metieron a la cárcel y la acusaron de ayudar a Ablyazov a esconder activos.

Las autoridades rusas bendijeron el acuerdo con el cliente de Hardman que la liberó.

Tyshchenko negó haber cometido algún delito, pero la declaración jurada que luego le dio a Hardman se volvió evidencia en un caso que hizo que un juez inglés emitiera un embargo preventivo en contra del yerno de Ablyazov.

En un comunicado, Hogan Lovells negó todas las acusaciones de haber actuado de manera inadecuada.

Agregó que Ablyazov y Pugachev habían “cometido algunos de los fraudes más grandes que hubiera visto el mundo” y que, “dada su muy reconocida reputación de buscar una justicia equitativa y abierta, no debería ser ninguna sorpresa que ese tipo de aseveraciones se pongan a prueba en Londres, donde todo el mundo confía en los resultados que produce”.

Un menú inusual

Para comprender hasta dónde ha ido Diligence, la firma privada de inteligencia, a fin de producir evidencia en estos casos, consideremos el ejemplo de Natalia Dozortseva, una abogada rusa.

En 2017, en un hotel de Niza, Francia, Dozortseva estaba sentada en el bar cuando se le unió Trefor Williams, director de Diligence en Londres.

Mientras hablaban con el tintineo de un piano de fondo, Williams mezcló cumplidos con ofertas de dinero si ella entregaba a su cliente, Pugachev, el ex confidente de Putin que vivía en Francia para evadir una sentencia de prisión por haber violado una orden de embargo emitida en Londres en 2014.

Williams describió un menú de opciones: oro, plata o bronce.

Cada franja representaba un nivel de cooperación y remuneración, dijo Williams.

Si le decía todo lo que sabía de su cliente le daba el bronce.

Para la plata, se necesitaba una declaración jurada.

El oro le exigía testificar en un tribunal en contra de su cliente.

El Times y el Buró de Periodismo Investigativo se enteraron de la estrategia que usó Diligence con Dozortseva después de escuchar una grabación secreta de su conversación con Williams.

A final de cuentas, Dozortseva nunca traicionó a Pugachev, sino que más bien le comentó por adelantado de la reunión y la grabó.

Los abogados de Diligence admitieron que Williams había asistido a una reunión “exploratoria” con Dozortseva, pero hicieron notar que “no es ilegal ofrecer pagos a testigos” y señalaron que no se había llegado a ningún acuerdo monetario.

La oferta a Dozortseva entra en conflicto con las estrictas reglas de Inglaterra que rigen a las fiscalías, pero nada lo prohíbe explícitamente en procedimientos civiles de particulares.

En Francia, ofrecer un pago a los testigos es ilegal solo si el intento es inducir un falso testimonio.

Sin embargo, algunos expertos legales creen que un pago significativo podría ser evidencia de ese tipo de intención, un punto que rechazó rotundamente Diligence.

Un arma legal

Como un dron militar, un embargo temporal puede atacar a su blanco sin advertencia.

Por ejemplo, Pugachev se enteró de que sus activos habían sido congelados tan solo cuando un agente de Diligence y un abogado de Hogan Lovells intentaron entregarle la orden en una calle de Londres.

Después de que Pugachev se rehusó a tomar los papeles, el abogado se los dejó en su casa.

Inglaterra introdujo las órdenes de embargo en 1981 y para 1998 un juez ya había emitido el fallo de que tenían alcance mundial.

El tiempo era propicio. E

l dinero y los empresarios de Rusia y otros Estados postsoviéticos ya habían llegado a raudales a Londres, un supuesto paraíso fiscal.

En 2009, Ablyazov huyó de Kazajistán después de que el Estado de Asia central lo acusara de malversar miles de millones de BTA Bank, organización de la que Ablyazov era presidente.

Ablyazov niega haber cometido algún delito y sostiene que el gobierno solo lo persiguió porque representaba una amenaza política.

El equipo legal de Hardman obtuvo la orden de embargo en contra de Ablyazov en 2009 y desde entonces ha presentado un montón de solicitudes en los tribunales, asimismo, ha obtenido resoluciones que poco a poco han ampliado el margen de la orden y han expandido la lista de acusados a socios y miembros de la familia.

Al  fin de cuentas, en 2012, los fallos civiles se convirtieron en una sentencia de 22 meses de cárcel para Ablyazov por desacato al tribunal, después de que determinaron que había violado una orden para divulgar sus activos.

Ablyazov huyó a Francia, país que a la postre le dio estatus de refugiado.

Frente a las quejas de que Hogan Lovells no había informado por completo al tribunal sobre la evidencia que había proporcionado Tyshchenko bajo coerción, un juez inglés dictaminó que el despacho había seguido las reglas de divulgación al declarar que Tyshchenko estaba encarcelada cuando brindó información por primera vez.

Sin embargo, no se le pidió al juez que emitiera un fallo en torno a si las circunstancias de su encarcelamiento —el hecho de que estaba en una cárcel rusa— también debían ser consideradas, así como el involucramiento de Andrei A. Pavlov, un abogado ruso que contrató BTA Bank, y los cuestionamientos sobre el posible maltrato de Tyshchenko.

Además, aunque Tyshchenko siguió encarcelada, otro abogado de Hogan Lovells convenció a un juez inglés de que otorgara una orden que le exigía a su marido en el Reino Unido entregar documentos y otra información.

Entre la evidencia de respaldo que presentó el despacho había “reportajes de prensa” de compromat.ru, un sitio web ruso famoso por ser un centro de distribución de información sin verificar y a veces inventada.

Hogan Lovells declaró que el Alto Tribunal de Londres ya había rechazado las quejas en torno a la “conducta inapropiada” de la firma en el caso de Tyshchenko y señaló que “cumple por completo” con las reglas de evidencia.

La información de compromat.ru fue “una pequeña parte de una colección mucho más grande de evidencia que el tribunal aceptó para justificar el otorgamiento de la orden” en el caso en contra de Tyshchenko, mencionó la firma.

Tyshchenko fue menos optimista.

“No hay tipos buenos en este asunto”, sentenció.

c.2021 The New York Times Company

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