Argentina
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Empresarios pedirán que no sacrifiquen beneficios fiscales para llegar al déficit 0

Atentos a cómo finalmente quede redactado el proyecto de Ley del Presupuesto 2019, aunque sin demasiadas expectativas por el plan de ajuste planteado por el Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal el año próximo, el lobby empresarial ya tiene el ojo en el Congreso. Algunas cámaras comenzaron en los últimos días a reunirse con legisladores, pero los contactos cobrarán mayor intensidad a partir de hoy, luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presente la iniciativa públicamente.

En línea generales, el sector empresario apoyó las decisiones del Ejecutivo con el foco puesto en la necesidad de reducir el déficit fiscal, bajar la inflación y que la economía comience a recuperarse. De todas maneras, ninguno desconoce la puja política que conlleva la discusión del presupuesto y los tironeos entre los gobernadores y el Gobierno nacional por los fondos.

En este contexto, algunos sectores gestionarán, con los legisladores, suavizar el impacto de algunas decisiones oficiales. Es el caso de la UIA, que buscará garantizar la rebaja de Ingresos Brutos, prácticamente la única medida tributaria del consenso fiscal que el Ejecutivo nacional logró que quedara indemne en las negociaciones. También planteará la permanencia del beneficio del decreto 814 para las reducciones del pago de contribuciones patronales, que tiene hoy un esquema de reducción gradual.

"Vamos a hablar con los gobernadores y con los legisladores, principalmente para que tengan claro que la suspensión de la rebaja de Ingresos Brutos, que promueven, afecta al agro, a la industria, a los servicios y a toda la población en general, ya que se va a precios. También queremos plantear el tema ajuste por inflación, para que finalmente se implemente" (ver más información en pág. 4), afirmó a El Cronista el titular de la UIA, Miguel Acevedo. La institución también está atenta a ver cómo quedan otros beneficios obtenidos en la reforma tributaria, como la posibilidad de tomar, gradualmente, el impuesto al cheque a cuenta de Ganancias y la reducción de la alícuota de Ganancias a las empresas que reinvierten las utilidades.

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Respecto de la suba de retenciones a las exportaciones y la reducción -en algunos casos a 0%- de los reintegros, desde la central fabril están trabajando en una propuesta de modificación de los derechos y de diferenciación según el sector, pero será discutido a nivel del Ejecutivo, ya que la medida salió por decreto y hasta el viernes se desconocía si formarían parte del proyecto de Presupuesto o no.

Lo que negociarán de forma más urgente es que, al menos, el sector industrial pueda pagar las retenciones con un plazo de 120 días debido a las complicaciones financieras que están sufriendo con las altas tasas de interés. El Gobierno tiene en carpeta dar plazo de 90 días, pero para las pymes.

Al respecto, el director ejecutivo de la entidad, Diego Coatz, planteó que el esquema de retenciones es parejo para todos los sectores, pero "la industria viene con más de dos años de caída". "El dólar alto le sirve a la industria a largo plazo y al sector exportador; pero en el corto tenés caída del mercado interno y tasas altas", aclaró. Agregó que el esquema de derechos y baja de reintegros a algunos sectores los deja fuera de competencia, por lo que trabajarán con el Gobierno para revisar estos casos.

En la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), su presidente, Daniel Funes de Rioja, planteó que la entidad considera "imposible postergar la reducción de Ingresos Brutos, por el efecto distorsivo que tiene sobre la cadena en materia de precios". Según ejemplificó, la aplicación de este tributo y las tasas municipales puede implicar hasta 10% del costo de una galletita. "Los empresarios están dispuestos a compartir esfuerzos y esperamos lo mismo del Estado para que el equilibrio fiscal se alcance más rápidamente", manifestó.

Copal también insistirá con frenar la derogación del decreto 814, que le otorga beneficios al interior en materia de contribuciones patronales, al permitirles computar un porcentaje para el pago del IVA. Con la reforma tributaria, estas ventajas desaparecerán gradualmente, pero los empresarios insistirán en que "se trata de una pieza fundamental para fomentar la actividad y el empleo en el NOA y el NEA", sostuvo Funes de Rioja.

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