Argentina

La Corte y el caso jueces: el voto de Highton será clave para la definición

Luego de la furibunda pelea de la semana pasada entre dos de ellos, los ministros de la Corte Suprema de Justicia volverán a verse las caras este martes a través de la pantalla de la aplicación zoom, para el acuerdo ordinario semanal. Con los teléfonos cerrados y sin señales de que la reunión pueda acabar con tres votos coincidentes para decidir el destino de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, las divergencias entre Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda suben el precio al voto de su colega Elena Highton.

La única mujer del máximo tribunal es también la más cercana al gobierno, a través de su vínculo indisoluble con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, principal impulsor de su llegada a la Corte en septiembre de 2005.

Un dato reciente demuestra la solidez de ese lazo: pese a que Highton no participa personalmente de los acuerdos de ministros y no va al palacio de Justicia desde que comenzó la cuarentena porque a los casi 78 años integra el grupo de máximo riesgo ante el coronavirus, sí estuvo presente en la Casa Rosada para asistir al acto de lanzamiento del controvertido proyecto de reforma judicial del oficialismo y la presentación de la Comisión Beraldi, que entre otras cosas evalúa el funcionamiento y las dimensiones de la Corte. Fue en julio.

Un detalle: Highton fue la única integrante de la Corte que aceptó la invitación ese día. Sus compañeros del tribunal desistieron de hacerlo, en medio del avance krichnerista contra el Poder Judicial.

Pero el voto de la doctora también será escrutado a la luz de su propia firma en la ahora famosa Acordada 4 del 15 de marzo de 2018, cuando junto con Carlos Rosenkrantz votó en minoría respecto al traslado con sus tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal para convertirlo en el Tribunal Oral Federal 9. La posición mayoritaria aquella vez, integrada por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, fue la de anular ese traslado por tratarse de jueces de distintos fueros.

Fue ese freno al traslado de un tribunal el que hizo al ministro de Justicia Germán Garavano consultar a la Corte respecto al traslado de jueces individuales dentro del mismo fuero, a partir justamente del caso de Leopoldo Bruglia. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda contestaron pocos días después en la Acordada 7, que ratificó a Bruglia y a todos los jueces trasladados como él, sin poner condiciones.

Pero volvamos a Highton, cuyo voto ahora ahora es una incógnita. Hace dos años su posición era clara: "la cuestión de los requisitos de validez de los traslados de jueces no es nada novel y ya ha sido encarada y resuelta por esta Corte con anterioridad de modo categórico en varios momentos de la historia. En este sentido, se ha decidido que los traspasos realizados mediante decretos del Poder Ejecutivo requieren el consentimiento de los magistrados involucrados y que se trate de cargos de igual jerarquía".

"Más aún, el traslado de magistrados sin requerir una nueva designación ha sido convalidado por esta Corte incluso después de la reforma constitucional del año 1994 que modificó el sistema de designación de jueces inferiores", seguían explicando en su voto de minoría Highton y Rosenkrantz.

"Exigir una nueva designación -con intervención del Consejo de la Magistratura, acuerdo del Senado y decreto del Poder Ejecutivo- en virtud de la reforma del artículo 99 inciso 4 de la Constitución para los jueces que se trasladan resultaría a todas luces inaceptable. Si un nuevo acuerdo fuese exigible para el traslado, por razones de consistencia también debería exigirse un nuevo acuerdo para todos los magistrados designados mediante el procedimiento constitucional vigente con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, ya que ellos tampoco han sido designados de acuerdo con el nuevo procedimiento de la Constitución reformada", razonaban.

Otro tramo de aquel fallo es muy elocuente estos días: "Respecto de la cuestión de si un traslado de jueces requiere de una nueva designación, debe destacarse que la reforma constitucional de 1994 introdujo un nuevo mecanismo de nombramiento de magistrados inferiores, estableciendo una limitación a la duración de sus mandatos y requiriendo 'un nuevo nombramiento' precedido de un nuevo acuerdo del Senado, pero solo para mantener en el cargo a los magistrados que hubieran cumplido setenta y cinco años de edad. El texto del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional evidencia per se que el constituyente tuvo presente con claridad los casos en que un nuevo nombramiento era exigible y que decidió no exigirlo para el traslado de jueces." Efectivamente, sólo los jueces mayores de 75 años que juraron con la nueva Constitución debían lograr un nuevo acuerdo del Senado. O tratar de impedirlo con un amparo ante la justicia, como hizo una veterana magistrada. ¿Su nombre? Elena Highton.

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