logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Argentina

Mera compra: cómo actuar frente a una inspección

Por: Daniel Rinci - Especial para Clarín Rural

No es novedad que, ante la insuficiencia de recursos, las provincias desplieguen su ingenio para forzar en los hechos imponibles existentes conductas que no estaban previstas ni en la norma ni en el imaginario del legislador, y que por tanto en muchos casos ni siquiera logran adecuarse a los presupuestos de hecho necesarios para la configuración de los tributos.

Esto se da principalmente, porque si bien las jurisdicciones locales tienen potestad para imponer tributos de tipo directos, se encuentran supeditadas a la ausencia de concurrencia con aquellos creados por el Congreso Nacional, lo que genera que fácticamente se encuentren sin conductas susceptibles de ser gravadas.

El impuesto local por excelencia es Ingresos Brutos. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante 2018 concentró casi el 75% de la recaudación provincial total y forma parte del top 10 de los que concentran el 90% de toda la recaudación del estado a nivel global –nacional, provincial y municipal -.

Por este motivo, los fiscos locales en algunos casos han ido emprendiendo políticas cada vez más agresivas para incrementar su recaudación, llegando a extremos en los que gravan a contribuyentes sobre los cuales directamente no tienen potestad.

Y no sólo eso, sino que los someten a procedimientos de determinación de oficio del tributo presuntamente omitido incluso en ciertos casos por los periodos no prescriptos, liquidando retroactivamente el mismo y por supuesto aplicando los correspondientes intereses resarcitorios y sanciones que en muchos casos importan hasta un 1000% de lo determinado en concepto de impuesto.

Sin hablar de que, como en la mayoría de los casos el contribuyente tributa por el Convenio Multilateral, de no adecuar los coeficientes se genera un desequilibrio en todas las jurisdicciones en que lleva adelante su actividad y esto lo lleva a soportar justamente lo que el convenio pretende evitar: la doble imposición.

Uno de los institutos que se ha erigido como instrumento hábil a éste fin, es el de la mera compra, un hecho imponible especial o subsidiario previsto en la mayoría de los Códigos Fiscales o Tributarios locales, que se configura cuando un sujeto obtiene productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción productora.

Esto se da principalmente en el caso de empresas dedicadas a la compra y venta de granos que generalmente son productos originarios de todas partes del país, sin que ésta situación llegue a configurar per se el hecho imponible de la mera compra.

No está en juego la legitimidad del nacimiento del instituto, pero para que pueda aplicarse debe necesariamente demostrarse que el contribuyente lleva adelante parte de su actividad comercial en la jurisdicción de que se trate –es decir, debe comprobarse fehacientemente ni más ni menos que el sustento territorial, requisito esencial del impuesto sobre los ingresos brutos- no pudiendo limitarse la aplicación a la simple adquisición, puesto que entonces estarían las jurisdicciones: 1) actuando como aduana interior y en lesión de la cláusula comercial y 2) actuando de manera profundamente discriminatoria, lesionando de este modo el principio de razonabilidad.

Hay muchas vías para discutir los ajustes. Lo primero que debemos hacer es recurrir en todas las instancias administrativas a fin de que la resolución determinativa no quede firme y en consecuencia, se vuelva ejecutable. Luego podremos llevar nuestro planteo ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral o incluso interponer una acción declarativa de certeza a efectos de evitar los efectos de un acto en ciernes al que atribuimos ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal.

No está dicha la última palabra en relación a este tema. Los organismos jurisdiccionales intervinientes han evitado expedirse en un sentido determinante y cada caso tiene sus particularidades con lo cual, en cuestiones de hecho y prueba como la presente es fundamental apelar a todos los medios a nuestro alcance a fin de optimizar al máximo los resultados frente a una eventual inspección.

Nota de redacción: el autor es especialista en derecho tributario.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO