La Fiscalía solicitó el revocamiento de la prisión domiciliaria con la que el represor Luis Firpo, imputado por crímenes de lesa humanidad contra militantes de la organización Montoneros que participaron de operativos en el marco de la Contraofensiva, había sido beneficiado casi desde el momento en que fue detenido, años atrás. En el marco del juicio oral y público que se sigue por esos hechos, la fiscal Gabriela Sosti aportó fotografías que confirman que Firpo salió, por lo menos, en dos oportunidades, de su casa, en donde debe cumplir prisión preventiva: en una oportunidad fue a hacer compras a un supermercado, en otra hizo una recorrida por su barrio.

“La confianza que el Estado depositó en él fue traicionada”, aseguró Sosti al inicio de la jornada. Previo a dar continuidad al alegato que expresa desde principios de mes, la fiscal anunció al Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín que solicitaría se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria para Firpo, que supuestamente cumple encierro en su casa de Mar del Plata, por haberlo violado en más de una oportunidad.

La fiscal transmitió la información que había recibido el día anterior desde la Unidad Fiscal especializada en crímenes contra la humanidad, sobre la confirmación del comportamiento violatorio de Firpo. Sosti aportó al TOF número 4 las fotos, en poder de la unidad fiscal a cargo de Ángeles Ramos, “que prueban que el imputado se estaría burlando de la Justicia. Lo que habilita a pensar que esta es una modalidad sistemática”, apuntó la fiscal, que añadió que según relataron vecinas y vecinos del barrio, el represor suele salir “a diario” de su casa. 

Debido a problemas técnicos, Sosti no pudo mostrar las fotografías durante la audiencia de esta mañana, pero se las pudo ver publicadas en el sitio web La Retaguardia, que garantiza la retransmisión del debate. Las imágenes muestran a Firpo, ex teniente coronel del Ejército que durante la última dictadura cívico militar fue jefe de la central de Contrainteligencia y jefe de la División de Seguridad del Batallón 601, saliendo de su casa. Algunas lo muestran saliendo de un supermercado con un changuito cargado de mercadería, caminando tranquilo hasta un auto bordó, cargando las cosas en el baúl. En otras se lo ve en la puerta de su casa, avanzando hacia la vereda, revisando plantas por la cuadra.

“Son habilitaciones que no tiene, el Ministerio Público no puede avalarlas. Pareciera que se naturaliza que los imputados que tienen un beneficio excepcional, porque están imputadas de los delitos que se puedan cometer”, explicó Sosti.

El resto de las querellas anunció en la audiencia que acompañarán el pedido de la Fiscalía. El abogado querellante Pablo Llonto añadió a las razones de Sosti “el grado de peligrosidad de estos genocidas deambulando por las calles. No nos importa su edad. Es un riesgo que representan para los testigos, los sobreviventes, las familias de las víctimas”, apuntó.

En una jornada signada por interrupciones en la transmisión remota, Sosti alcanzó a explicar de manera completa el revocamiento del beneficio. Firpo la oyó con gesto adusto, se lo vio hacer algún comentario a alguien que lo acompañó detrás de la cámara que lo muestra como partícipe de la audiencia. Es una de las primeras veces que la cara de Firpo se deja ver nítidamente. Durante la audiencia en la que amplió su declaración indagatoria, meses atrás, negó todos los cargos de los que se lo acusa en el debate oral y público por los crímenes contra los partícipes de la Contraofensiva montonera frente a una cámara que lo grabó de manera borrosa: el dispositivo no enfocó en su rostro.

Firpo goza del beneficio de la domiciliaria prácticamente desde que fue detenido con prisión preventiva, en el marco de la investigación que la jueza de San Martín Alicia Vence desarrolló para describir y establecer responsabilidades por los crímenes que sufrieron militantes de Montoneros que participaron del operativo de Contraofensiva, que tuvo lugar entre 1979 y 1982.

Tiene 89 años hoy. Entonces, además de edad avanzada --más de 70 años-- adujo problemas de salud. Vivía en Nogoyá, Entre Ríos, pero solicitó trasladar el domicilio de cumplimiento del beneficio a Mar del Plata, donde viven sus dos hijos. Se estableció en una casa en el barrio de Nueva Pompeya, casa de la que se lo registró salir en, por lo menos dos oportunidades. Otro permiso que le otorgó el TOF 4 fue para ir a votar en las elecciones presidenciales del año pasado, para lo que debió trasladarse a Nogoyá, Entre Ríos. “No tenía permiso para ir de compras ni recorrer el barrio”, denunció la fiscal del juicio esta mañana.