Argentina

Propiedades, viajes al exterior y autos de lujo, la vida del juez federal acusado de favorecer a presos

El expediente que investiga al juez federal Walter Bento, acusado de cobrar coimas y favoreces a narcotraficantes y contrabandistas, avanzó este jueves con la detención del tercer abogado implicado en la supuesta banda delictiva que venía operando desde 2013 en Mendoza.

En total son 15 los imputados, entre los que se encuentran el magistrado de 48 años y su esposa Marta Boiza, de 55, que también es funcionaria judicial.

A las 9 de la mañana se presentó en los tribunales federales de Mendoza el abogado Luciano Ortego -ex yerno de Emir Yoma, cuñado del expresidente Carlos Saúl Menem-, después de permanecer 24 horas prófugo.

Ortego, junto a los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo, que ya estaban detenidos, son considerados para la acusación como una parte fundamental para el funcionamiento de la red delictiva que otorgaba favores judiciales a presos para obtener una baja calificación penal y pronta libertad.

Los tres abogados serían los que captaban clientes con pesadas causas por contrabando, falsificación y narcotráfico y a través de un facilitador -sería un despachante de Aduana y empresario asesinado- llegaban al juez penal, que resolvía a favor de estos presos.

La causa habla de pago de coimas que iban de los 50 mil a los 200 mil dólares.

Allanamientos en la causa que investiga al juez federal Walter Bento. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Allanamientos en la causa que investiga al juez federal Walter Bento. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El juez Bento fue imputado el miércoles último por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en una causa que golpea a uno de los magistrados más poderosos de la Justicia cuyana.

Su par, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, avaló el pedido del fiscal general Dante Vega de acusar formalmente a Bento como “jefe de una banda de abogados y presos que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”.

La causa

La investigación que conmociona a los tribunales federales de Mendoza comenzó a instruirse en marzo del año pasado, a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso, acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga.

Bento es el titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza desde 2005 y el juez con competencia electoral de la provincia. Durante muchos años también tuvo a su cargo como subrogante el juzgado Federal 2.

En diciembre de 2011, Bento ordenó el polémico allanamiento de la empresa Cablevisión. Al año siguiente, el kirchnerismo, en un tratamiento exprés, evitó que el Consejo de la Magistratura lo juzgara por mal desempeño.

Entre las pruebas que tiene el fiscal hay mensajes de WhatsApp, recurrentes llamadas telefónicas entre el juez y el asesinado Aliaga y testimonios de personas que aseguran que les pidieron entre 50 mil y 200 mil dólares para acceder a beneficios judiciales que permitieran bajar la calificación de los delitos que se le imputaban y acceder a beneficios de libertad condicional.

Muchos de estos testimonios aseguran que pagaron. Por eso, una línea de la investigación apunta al enriquecimiento ilícito y lavado de activos a partir del cobro de coimas.

Con esta calificación que se le imputa, el juez mendocino arriesga una pena de prisión que va de un mínimo de 5 a 41 años en la cárcel.

La esposa de Bento, Marta Boiza, que trabaja como secretaria de su juzgado, también está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Vida de lujo

El matrimonio Bento y dos de sus jóvenes hijos, Luciano y Nahuel, trabajan en la Justicia Federal. La suma de los ingresos mensuales familiares por sus salarios brutos alcanza a los $1,8 millones de pesos.

Aún con estos altos ingresos estatales, el fiscal asegura que el patrimonio de la familia, con varias propiedades, autos de lujo y el modo de vida –varios viajes al año a Las Vegas, Miami y otros destinos en el exterior- no condicen con sus ingresos declarados.

Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, que pidió la Fiscalía, mostró que entre 2007 y 2017, el juez Bento realizó 69 viajes y registró un total de 761 días fuera del país. Entre 2017 y 2021 salió de la Argentina 20 veces, por un total de 264 días en el exterior.

Según detalla el diario El Sol, Migraciones pudo comprobar que las "escapadas" del magistrado fueron en avión y la mayoría acompañado por su mujer hacia sus destinos preferidos: Miami y Las Vegas.

El matrimonio Bento registra 9 propiedades a su nombre, la mayoría en barrios privados de las zonas más caras del Gran Mendoza.

Allanamientos en la causa que investiga al juez federal Walter Bento. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Allanamientos en la causa que investiga al juez federal Walter Bento. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En el detalle de los autos que tenía la familia del juez, aparecen: una camioneta Volkswagen Amarok, que es el único vehículo a nombre del juez; una camioneta Audi valuada en más de 4,3 millones de pesos, a nombre de su hijo discapacitado pero los integrantes de la familia tenían permiso para conducir; y otros dos vehículos Audi que superan el millón y medio de pesos.

Además del juez, su esposa y los tres abogados, entre los detenidos hay cuatro personas que han estado implicadas en causas federales de contrabando o evasión fiscal. Son señalados como los que pagaron las coimas.

Bento tiene inmunidad como magistrado y podrá seguir en funciones. La única forma de remover a un juez de su cargo es a través del jury de enjuiciamiento.

EMJ

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