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Una nueva regla permitiría a los EE.UU. utilizar más métodos para las ejecuciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha creado nuevas regulaciones que permiten el uso de más métodos para las ejecuciones federales, incluyendo el pelotón de fusilamiento y la electrocución.

La regla, que está programada para ser publicada en el Registro Federal el viernes, llega cuando la administración se apresura a ejecutar a cinco prisioneros más antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump. Es parte de una serie de movimientos y procesos de creación de reglas antes de que deje el cargo.

A diferencia de algunas de las decisiones de última hora, el efecto práctico de la regla sigue sin estar claro. El Departamento de Justicia no ha indicado que planea ejecutar a los reclusos de otra manera que no sea la inyección letal, que ha sido el único método de ejecución que el gobierno federal ha utilizado en décadas.

Aunque la inyección letal ha sido objeto de un cuestionamiento legal cada vez mayor, el Tribunal Supremo ya ha rechazado las recientes impugnaciones que le han presentado los reclusos del "corredor de la muerte" federal. Y el presidente electo Joe Biden, que puede rescindir la norma, ha señalado su oposición a la pena de muerte federal.

La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció que planea ejecutar a tres presos más. Si la administración lo hace, junto con otras dos ejecuciones ya programadas, habrá ejecutado a 13 presos desde julio, marcando uno de los períodos más mortíferos en la historia de la pena capital federal desde al menos 1927, según datos de la Oficina Federal de Prisiones.

La norma, de la que informó anteriormente ProPublica, estipula que el gobierno federal puede llevar a cabo ejecuciones por inyección letal "o por cualquier otra forma prescrita por la ley del estado en el que se impuso la sentencia o que haya sido designada por un tribunal de conformidad con" la ley que rige la aplicación de la pena de muerte. Entrará en vigor 30 días después de su publicación prevista para el viernes, antes de que algunas de las ejecuciones se lleven a cabo.

Todos los estados que utilizan la pena de muerte permiten la ejecución por inyección letal, de acuerdo con la norma. Algunos también autorizan otros medios. Por ejemplo, Alabama permite al prisionero elegir una muerte por electrocución o hipoxia de nitrógeno (una dosis letal de gas) en lugar de la inyección letal. Una ley firmada por el gobernador de Utah en 2015 establece que se utilizará un pelotón de fusilamiento para ejecutar a un recluso si no se dispone de sustancias para la inyección letal en la fecha prevista.

Los Estados ya se han esforzado por obtener drogas adecuadas para sus protocolos de inyección letal. Hace varios años, los informes sobre ejecuciones descuidadas de alto perfil, en las que participaron presos que, según se informó, jadeaban o se retorcían de dolor, dieron lugar a un nuevo escrutinio de la pena de muerte. Tras un caso en Oklahoma, el presidente Barack Obama ordenó a su Fiscal General que revisara la aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos.

Las ejecuciones federales llevadas a cabo desde que la administración Trump puso fin a un paréntesis de casi dos décadas en la práctica han sido exclusivamente por inyección letal. El protocolo del gobierno utiliza un solo producto químico, el pentobarbital, para el cual la Corte Suprema despejó el camino en junio.

La regla recientemente finalizada por la administración Trump se refiere a cómo el gobierno federal debe cumplir con los protocolos de ejecución estatales. La Ley Federal de la Pena de Muerte exige que las ejecuciones se lleven a cabo "en la forma prescrita por la ley del estado en que se imponga la sentencia".

Cuando presentó una versión inicial de la norma publicada en agosto, el Departamento de Justicia señaló que un estado podría algún día exigir que las ejecuciones se llevaran a cabo por un medio distinto de la inyección letal. La norma propuesta decía que trataba de evitar que los presos impugnaran sus ejecuciones porque las normas federales no autorizaban la ejecución por medios distintos de la inyección letal.

Se supone que las agencias generalmente asignan al menos 60 días para los comentarios públicos. La administración Trump dio sólo 30 días para la regla propuesta.

Steve Vladeck, un profesor de derecho de la Universidad de Texas, señaló que Biden podría revertir la regla pero dijo que representaba un paso "simbólico" y "profundamente práctico" del departamento para llevar a cabo sus cinco ejecuciones programadas.

"Es una forma bastante espantosa de irse", dijo. "Esto es básicamente el fiscal general doblando, ya sabes, una especie de hacer posible la ejecución de tantos prisioneros federales como pueda antes de que termine su mandato." 

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