El sector empresarial organizado del país comenzó a pronunciarse sobre las nuevas disposiciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) respecto a la inscripción de todos los empleados, aunque solamente sea uno, pero también señala la necesidad de transparencia, de manera que se le cobre al Estado lo que le adeuda a la institución.
La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) critica que con la reciente actualización del Reglamento de Inscripción al Régimen de Seguridad Social contenida en el acuerdo 1529, el IGSS obliga al pequeño comerciante “con apenas un trabajador” a pagar cuota patronal, mientras que el Estado mantiene una deuda millonaria y no paga lo correspondiente a sus más de 354 mil trabajadores.
Agrega que “es inadmisible que los organismos del Estado de Guatemala no cumplan ante el IGSS” con la cuota patronal de sus trabajadores, que asciende a más de Q5 mil millones anuales, lo cual viola el artículo 100 de la Constitución Política de la República.
En la actualidad, cita la CCG, la deuda del Estado acumulada desde 1957 a la fecha es de más de Q60 mil millones, “aspecto que socava la estabilidad financiera del sistema y recarga de forma injusta el sostenimiento de los servicios que presta, sobre los aportes de los patronos privados y trabajadores”.
Y refiere que ahora que el Estado tiene excedentes tributarios, debe cumplir con la obligación patronal, ya que “la continuidad del servicio del IGSS, depende de que el más grande de los patronos cumpla de la misma manera que se le pide al más pequeño de los comerciantes” según expresó la entidad en un comunicado, el 7 de febrero del 2023.
Añade el documento que se demanda del IGSS eficiencia, mejores servicios y mayor cobertura, que propicien calidad de vida a todos los trabajadores y sus familias.
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La posición de la Camagro
En tanto, la Cámara del Agro (Camagro) también emitió un comunicado en el cual señala que el IGSS debe informar sobre su situación financiera y transparentar la deuda del gobierno.
Añade que la entidad debe exigirle al Gobierno, de forma pública y por las vías legales, que cumpla con las obligaciones patronales y el pago de la deuda acumulada.
La organización menciona que se seguirá promoviendo entre los socios la observancia de la legislación laboral vigente, pero también advierte que se seguir accionando legalmente en las ocasiones que consideren “que las autoridades a cargo de las instituciones exceden sus funciones o cuando éstas emitan normas que vulneren principios constitucionales”.
En su pronunciamiento, la Camagro refiere que “la informalidad de la economía sigue siendo un gran desafío y solo se reducirá, en la medida en que las normas emitidas brinden certeza jurídica”, además de que sean claras y fáciles de cumplir. En el 2022 la Camagro presentó un recurso contra la decisión de IGSS de cobrar a los patronos el complemento de las cuotas, tanto patronales como de afiliados, cuando el salario de un trabajador por contrato de tiempo parcial sea menor al salario mínimo vigente. La Corte de Constitucionalidad decidió en enero del 2023 no suspender la norma.
Otro aspecto en el que coincide con la CCG es en la necesidad de que se garantice la presencia y prestación de servicios, en especial en el área rural.
Por aparte, la obligación de los patronos de registrarse ante el IGSS cuando tengan de un trabajador en adelante entró en vigencia el 17 de enero del 2023. Sin embargo, la entidad dijo en declaraciones posteriores que la adhesión se implementará de forma gradual y progresiva, luego de seis meses de preparativos.
Temas importantes
Edgar Balsells, analista del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) y exintegrante la junta directiva del IGSS, dijo que los temas son aparte, pero ambos, de importancia.
El analista es del criterio de que el IGSS tiene la facultad, y la obligación de impulsar la adhesión de más patronos y afiliados y ampliar la base de la seguridad social, así como sus servicios, pero refiere que ello no tiene relación directa con la deuda.
Sin embargo, expuso que es importante que la entidad busque recuperar lo endeudado y que el Estado se comprometa a pagar tanto lo acumulado, así como las cuotas anuales.
Explicó que para el 2023, el IGSS solicitó que se incluyera en el presupuesto del Estado las cuotas por Q4 mil 500 millones, pero se incluyeron solo Q1 mil 100 millones, por lo que la deuda seguirá creciendo.
Se consultó al IGSS acerca del pronunciamiento del sector privado, pero al cierre de nuestra edición, no había respondido.
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