Emulando las recetas estériles impulsadas hace dos décadas por el mal recordado eferregismo y partidos sucedáneos en el Gobierno, el oficialismo legislativo actual, encabezado por su presidenta, Shirley Rivera, emprendió la aprobación, antitécnica y desfinanciada, de un pago exigido con repetidas amenazas y acciones violentas por un grupo de supuestos exmilitares cuya nómina no pudo entregar el Ejército en un tiempo razonable, por lo cual a estas alturas es dudosa cualquier lista.
Por otro lado, la afirmación de haber prestado un servicio a la patria se deslegitima con la extemporánea pretensión de un pago. Es un calco de las exigencias de expatrulleros civiles, con las mismas tácticas de bloqueo e intimidación, condonadas por el oficialismo, muy probablemente a cambio de un compromiso de apoyo electoral en las elecciones de 2023. Es posible que lleguen a creerse su estratagema, porque en apariencia esperan que sea un voto colectivo asegurado; eso sí, comprado con recursos del Estado, y allí radica el error de cálculo. Querer lograr resultados distintos repitiendo los mismos errores solo los equipara con previos intentos fallidos.
Es una falta de respeto a la dignidad del cargo legislativo este oficioso plan de la camarilla oficial. Raya con lo ilícito comprometer recursos nacionales en un pago a cambio de supuestos servicios ambientales que no han sido definidos ni de manera conceptual ni operativa. Además está por cumplirse un año de la irrupción violenta de dicho grupo en el perímetro del Congreso, en cuyo parqueo incendió vehículos y en las calles aledañas agredió a comunicadores sociales que solo cubrían el suceso. Por cierto, el Ministerio Público nunca agilizó de oficio la deducción de responsabilidades.
El cuestionado dirigente magisterial Joviel Acevedo participó en la sesión de la sala legislativa en la cual se discute el proyecto de presupuesto del 2023. Nada tendría de anómalo si el acceso a tal instancia estuviese abierto a todos los sectores, pero no es así. Iba acompañado de un grupo de maestros para amenazar con protestas si no se incluyen fondos para los incrementos salariales contenidos en el pacto colectivo firmado el año pasado, a escondidas, por la ministra de Educación. El aumento no sería tan cuestionable si existiera una verdadera política de innovación y exigencias de rendimiento docente. Por el contrario, el Mineduc recortó un 80% de los recursos para mejora tecnológica, construcción y remozamiento de escuelas. En otras palabras, la cita es para escenificar otra componenda clientelar.
En esas circunstancias es estéril y sacrílego que ciertos representantes hagan invocaciones divinas y esgriman supuestas agendas a favor de la vida, cuando en realidad están condenando a la niñez guatemalteca a continuar en el mismo círculo vicioso. Se definen como conservadores, pero porque se afanan en conservar privilegios y tráficos de favores en detrimento del bien común y de una visión sostenida de desarrollo. Peor aún, lo hacen a escondidas, con eufemismos y argumentos populistas.
En el año electoral 2007, el partido gobernante, Gran Alianza Nacional, hoy extinto, llevaba gastados Q900 millones en el pago a expatrulleros civiles por programas de siembra de árboles, pero ni siquiera eso ayudó a que ganara su entonces candidato, Alejandro Giammattei. Tres lustros después es clara la falta de resultados de tan onerosa “reforestación” y la ciudadanía no perdonará este nuevo dispendio con dinero ajeno que pretende hacer la alianza oficialista.
