Sin duda alguna, los conciertos en vivo son el único sector de la industria musical que, a pesar de la crisis económica, no se han visto afectados. Este tipo de entretenimiento representará nada menos que 31 mil millones de dólares en todo el mundo en 2022. Guatemala no es la excepción.
Qué bueno por los organizadores y empresarios que se ven beneficiados con este tipo de eventos, pero el problema es que están pasando sobre los derechos de los demás, en cuanto al lugar donde se están llevando a cabo, que para empezar no tiene accesos adecuados para llegar al punto. Imagínese usted en una estrecha calle para uso de dos carriles, el tráfico vehicular que genera un concierto para 15 mil personas.
Es de suma importancia que la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) fiscalice los conciertos. Desde el lugar donde se realizan —que debería ser un espacio construido para ese fin—, el aforo permitido, parqueos, precios y distribución de boletos —para evitar estafas con reventa—, seguridad dentro del concierto —control de armas de fuego y punzocortantes— y otros factores que, hoy por hoy, ya se ha visto que están poniendo en riesgo a quienes asisten a estos eventos.
Recientemente se reactivaron estas actividades y vienen con más fuerza que nunca, y sin importar los exorbitantes precios que pueda costar una entrada, en menos de una hora los tikets están agotados. Todos los fines de semana se ven caracterizados por masivas e interminables colas de tráfico, que saturan los pasos a desnivel —que incluso algunos han sido pagados en parte por los vecinos del sector donde se realizan estos espectáculos—, vendedores ambulantes que se abalanzan sobre los carros para revender entradas y un desorden vial —en el cual la Municipalidad de Guatemala, se lava las manos por completo—.
Sin embargo, nadie se detiene a pensar en las consecuencias en cuanto al riesgo y la incomodidad de estos eventos para los vecinos del lugar y para los asistentes al concierto.
Por ignorar todos estos aspectos en un evento, pueden suceder tragedias. La más relevante fue en septiembre de este año, en Xelafer. Murieron 9 personas y 20 resultaron heridas, debido a una estampida humana. Testimonios de los asistentes indican que no había personal de seguridad, controles de aforo y los organizadores del concierto simplemente se lavaron las manos.
Es evidente que, en la práctica, no existe ningún tipo de regulación para los conciertos en Guatemala. Hace poco un reggaetonero se presentó en un famoso “centro comercial”, que habitualmente utilizan para conciertos —en un área improvisada, no adecuada para ese fin, ya que ese sitio no es un foro, arena o un estadio—. En el mencionado evento fueron reportados robos de celulares y dinero, por un grupo de personas que saltaban y rodeaban, a dos personas solas y los asaltaban, nadie se percataba de la angustia de las víctimas, en medio del relajo del concierto. Después, cuando la noticia se viralizó en redes sociales, casi en tiempo real, se volvió un caos, ya que los asistentes sabían del incidente y ocurrieron golpizas por tratar de defenderse.
Es muy cosmopolita que, en Guatemala, la industria de los conciertos en vivo esté desarrollándose satisfactoriamente. Y que los empresarios que participan en este negocio estén generando buenas utilidades. Pero es completamente abusivo que lo estén haciendo a costa de los derechos de los vecinos, causando caos vehiculares épicos y poniendo en riesgo la seguridad del público que está llegando a esos eventos, haciéndolos víctimas de un posible asalto o de una estampida donde incluso podrían perder la vida.
