Existe un discurso recurrente en procesos judiciales por corrupción contra exfuncionarios y exmandatarios de diversos países: atribuyen las acusaciones en su contra a venganzas “políticas”, a animadversiones “ideológicas” e incluso a conspiraciones para minar un ulterior y siempre hipotético caudal electoral. Tales argumentos se salen por la tangente para tratar de restar valor a las pruebas documentales, patrones de conducta, testigos —entre los cuales puede haber excolaboradores cercanos— y, sobre todo, el cotejo de resultados del período en el cual desempeñaron un cargo. En otras palabras: las cuentas no cuadran, las obras no se hicieron y los acusados solo siguen pensando alrededor de su ego.
En Argentina, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 declaró culpable a la expresidenta y actual vicepresidenta de ese país Cristina Fernández de Kirchner por el delito de “administración fraudulenta” en el caso Vialidad, según el cual entre el 2007 y el 2015 se habrían otorgado 51 contratos de obra vial al empresario Lázaro Báez —actualmente preso y condenado por otro delito— en la provincia de Santa Cruz —donde Fernández y su fallecido esposo y expresidente Néstor Kirchner comenzaron y fortalecieron su carrera política—. Casi US$1 mil millones se destinaron a la construcción de carreteras, varias de las cuales requirieron ampliaciones presupuestarias y muchas quedaron inconclusas, sobre todo tras la salida de Fernández de Kirchner del poder en el 2015.
El juicio comenzó en el 2019, contó con un centenar de testimonios y medios de prueba presentados por la fiscalía. Fernández acusó a la fiscalía y al tribunal de tener nexos políticos. Tras la sentencia llamó “pelotón” al tribunal, aunque este la absolvió del delito de asociación ilícita, que implicaba 12 años de cárcel.
Aunque la sentencia impuesta es de seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para desempeñar cualquier cargo público, no entra en vigencia inmediatamente, puesto que la vicemandataria goza de inmunidad y podrá apelarla ante la Corte Suprema. “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, increpó Fernández a través de un mensaje en video después de conocerse el veredicto. Sus partidarios protestaron en las calles, el gobierno respaldó sus señalamientos de politización de la causa y algunos exmandatarios izquierdistas de otros países acuerparon la tesis de la supuesta parcialidad judicial, aunque en realidad lo que puede haber, quizá, es simple independencia de poderes.
La polémica continuará, pero el fallo sin duda alguna enrarece cualquier aspiración de la exmandataria a postularse para un nuevo período el próximo año. Ella anunció que no correrá por la Presidencia, pero así hablan los políticos, sobre todo cuando están en apuros. En todo caso, la prensa argentina ha mostrado las inexistentes carreteras que sí fueron cobradas y por las cuales hubo otros sentenciados. Además, existen otros procesos pendientes contra la expresidenta argentina, de los cuales el más importante es el llamado Cuadernos, en el cual se tiene el testimonio y los registros de un excontador de los Kirchner. Sin embargo, no tiene fecha todavía para el inicio del juicio oral.
La magistratura superior puede confirmar o desechar el fallo, refrendar las argumentaciones o encontrar sus oquedades; de eso se trata la justicia. En todo caso, este es el primer juicio en contra de una vicemandataria en funciones, aunque no el primero contra un expresidente argentino, pues en el 2019 fue condenado Carlos Menem, derechista, por peculado, por la venta fraudulenta de un terreno del Estado.
