Nos guste o no, de aquí a agosto el tema político más importante en Guatemala serán las elecciones generales. Por supuesto que, al igual que los otros temas políticos, para la mayoría probablemente pasen desapercibidas, básicamente porque hay otros temas de mayor urgencia o prioridad en sus vidas, mientras que a la política la ven, a lo sumo, como un mal necesario en el que solo se meten quienes quieren ir al gobierno a robar. Lamentablemente, hay que darles la razón.
Las elecciones de 2019 pasaron todavía más inadvertidas, especialmente porque, debido a los cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la campaña política solo tuvo cabida en algunos pocos medios. Este año será un poco distinto porque la mayoría de los medios principales sí van a participar en la campaña política, pero, aun así, los niveles de saturación serán mucho más bajos que los de las campañas de antaño.
A ello hay que añadir la gran dispersión de oferta electoral, ya que están habilitados para participar en las elecciones 30 partidos políticos. En esta elección se disputarán 522 cargos, estos son: presidente y vicepresidente, 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso de la República y 20 al Parlamento Centroamericano. Esto, sin contar a concejales y síndicos que integran los concejos de los 340 municipios del país. Si se añaden estos cargos, cuyo número varía dependiendo del número de habitantes de cada municipio, las candidaturas sumarían más de 4,300.
Si todos los partidos postularan candidatos para todos los puestos disponibles, se tendría casi 130,000 candidatos. Afortunadamente, no todos los partidos postularán candidatos para todos los puestos, pero, de todos modos, se calcula que podrían llegar a ser hasta unas 80,000 personas las que se postulen a un cargo público. La pregunta que muchos nos hacemos es si saldrá aunque sea alguno bueno entre tantos. Y aún así probablemente tenga usted mejores posibilidades de ganarse la lotería que de obtener una respuesta afirmativa a esa pregunta.
Ya que del lado de la oferta vemos que la situación es muy difícil, por lo menos uno esperaría que, del lado de la demanda política, las cosas pintaran mejor. Pero esto tampoco se puede responder categóricamente. Para principiar, según las proyecciones del INE, este año habrá en Guatemala poco más de 11 millones de personas mayores de edad, pero, según las cifras del TSE, hasta el miércoles había 9,036,622 personas empadronadas. Por lo que hay casi dos millones de personas no empadronadas, lo que implica que, más o menos, el 18 por ciento de las personas que podrían estar empadronadas para votar no se han registrado. Las razones pueden ser muchas, desde que ya emigraron —aunque todavía las cuenten en las proyecciones— hasta la apatía, el desinterés y la molestia.
Si somos optimistas y presumimos que un 60 por ciento de los empadronados llegará a votar, tenemos que, con suerte, el 50 por ciento de la población mayor de 18 años votará. Y podríamos seguir “desgranando la mazorca”, tratando de deducir las razones por las cuales las personas irían —o no— a votar, pero lo más probable es que la mayoría lo haga sin mayor conocimiento de los candidatos, mucho menos de sus propuestas, con lo que no debe extrañar que la situación se siga deteriorando, con un sistema lleno de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder.
De allí, considero que lo más importante, tanto para este proceso electoral como para el resto del tiempo, es educar a la demanda política, a los votantes, para que participen y tomen decisiones informadas, pero también para que presionen por un cambio del sistema, reduciendo esos incentivos perversos en lugar de incrementarlos, como se ha venido haciendo en toda Latinoamérica.
