En el 2026 se proyecta que la República Democrática del Congo será el país con más pobres del mundo, a pesar de contar con el mayor número de multimillonarios en el África. Tal es una proyección, lo cierto es que el 78% de la población de 96 millones de personas vive en tugurios o aldeas sin servicios. En diciembre del año recién pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar la misión de paz Monusco por un año más. El Congo está asolado en su zona minera, por la existencia de ejércitos irregulares. El Movimiento 23 de Marzo se ha reactivado, para agravar la falta de control del contrabando de oro y de coltán, el compuesto mineral para conexiones en computadoras y teléfonos celulares. El pasado 13 de diciembre, ese movimiento estuvo implicado en una masacre de 131 civiles y huida de 400 mil personas, en Kishishe y Bambo, al norte de la provincia de Kivu. El auge del enfrentamiento armado vuelve sobre las viejas rivalidades con base étnica. Como se sabe, sucedió un gran genocidio de tutsis por los hutus; ahora provocan masacres las rivalidades entre las etnias congolesas: los may may y los banya mulengo.
Los Estados no generan estabilidad. El presidente congolense Félix Tshisekedi incita al ejército de Uganda a atacar las bases en su país, del Estado islámico compuesto por ugandeses. Por su parte, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, promueve ataques de irregulares para aislar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda refugiadas en el Congo, donde hay hutus acusados de participar en el genocidio contra los tutsis. Existe una Coalición Nyatura de Movimientos por el Cambio, en la región de los grandes lagos, que comete operaciones guerrilleras. En ese escenario de todos contra todos se anuncian elecciones en el Congo para el 20 de diciembre de 2023, donde se presenta para la reelección el actual presidente congolés.
El mayor contingente de Monusco son pakistaníes e hindúes, aproximadamente dos mil soldados por cada país, sobre un total de 14 mil efectivos. Por aparte, existen 591 expertos policiales para apoyar a la seguridad pública. Nuestro país participa con 150 militares, un estado mayor de seis oficiales y dos expertos de enlace. La fuerza nacional se denomina: XXII Contingente de Fuerzas Especiales. Está en misión desde mediados del año pasado.
Una familia petenera con puestos en el Congreso y en la banca intentó descalificar a los expedicionarios en el pasado; ahora parece existir el deseo de ocultar el tema. El Ministerio de la Defensa ofrece información ubicada en 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores no informa nada. El primero no tiene obligación de revelar detalles sobre movilizaciones militares, pero el segundo debiera no solo dar a conocer la valoración de la participación en apoyo al Consejo de Seguridad de la ONU, sino utilizarla para fomentar la convicción a favor de la paz.
El precepto historia magistra vitae est no se reivindica. Pero generar debates sobre este asunto ayudaría a 1) valorar a la paz como una condición para el progreso social; 2) exponer la relación entre el contrabando por bandas armadas y la generación de abusos contra la población; 3) rechazar todo crimen organizado donde hay compromiso de agentes estatales con delincuentes, pues mina al estado de Derecho; y, 4) valorar el esfuerzo de connacionales en fomentar la paz mundial. El país no es ninguna potencia militar y no aspira a serlo, tanto por imposibilidad material como por convicción; pero el esfuerzo de un grupo de connacionales por servir lejos de la patria debe merecer respeto.
