La calidad legislativa del Congreso de Guatemala ha sido muy pobre en los últimos años y la actual legislatura tiene una tendencia de tomar decisiones con poco respaldo técnico. Para muestra, el reciente dictamen y la forma tan rápida que ha avanzado la iniciativa 6145 llamada “Ley de Planificación y Gestión Pública”. Esta tiene una serie de inconsistencias y levanta alarmas puesto que apunta a ser una reconfiguración ambiciosa dentro del Estado, pero sin fundamento o lógica de modernización.
La iniciativa de ley pretende que la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) se convierta en un ministerio, con el objetivo de “regular la planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones públicas para el desarrollo nacional”. ¿Por qué es necesario que Segeplán pase a ser un ministerio si de por sí ya desarrolla las políticas públicas nacionales? Desde un punto de vista técnico, no necesariamente armonizaría de una manera más eficiente o coherente su labor si se convierte en un ministerio. En realidad, haría más pesada la burocracia y gasto dentro del Ejecutivo. Desde el lado político, algunos de los artículos que incluye la iniciativa hacen evidente cómo pretende tener un poder sumamente centralizador e incluso corre el riesgo de ser indebidamente usado para cumplir intereses personales de quien la dirija.
Las verdaderas intenciones de las iniciativas de ley no se encuentran por lo regular en el apartado de exposición de motivos. Se encuentran entre líneas en los artículos que desarrolla, el lenguaje que utiliza y a veces, cuando es muy tarde, una vez son implementadas. Esta iniciativa, aún en su fase de aprobación, pone en descubierto la necesidad de abordar un asunto importante: ¿qué hace falta para que Guatemala tenga un Estado moderno —en términos de formalidad, estructura burocrática e instituciones al servicio de la población—. ¿Cuál es el mejor camino para alcanzarlo?
Para algunos, un Estado pequeño es la mejor apuesta, pues este se inmiscuye en la menor medida en los asuntos privados de la población. Otros dicen que entre más grande sea el Estado, más podrá ayudar a las personas y proveer dirección de los planes de la sociedad. Estas dos posturas contrapuestas no necesariamente responden del todo a las necesidades de Guatemala. Acá, el Estado brilla por su ausencia en algunos rincones, donde las fuerzas de seguridad no tienen autoridad o incluso las leyes parecen simples sugerencias. Buscar un Estado “pequeño” en este contexto podría implicar dejar a la deriva muchas de las obligaciones mínimas que aun así no cumple el Estado que tenemos ahora. No obstante, abogar por un Estado cada vez más grande conlleva implicaciones peligrosas en asuntos de calidad del gasto público, corrupción, controlar a los individuos o impedir que se desarrollen como mejor consideren.
Si deseamos un país ordenado y que el Estado esté al servicio de los guatemaltecos, la intención debe ser apuntar a un punto de balance, donde el Estado no crezca inmensamente pero tampoco se reduzca demasiado y descuide sus obligaciones. Por lo tanto, la prioridad debe ser la modernización del Estado, lo cual incluye una racionalización de las funciones de las instituciones dentro de este y de límites o controles al poder que tiene. La iniciativa que busca aumentar de 14 a 15 la cantidad de ministerios en Guatemala y crear uno completamente centralizador, ¿abona a que tengamos un Estado moderno administrativamente eficiente o solamente refuerza un aparato burocrático sin rumbo y con amplios poderes discrecionales?
