Cuando un contador o auditor descubre un faltante en una cuenta, de inmediato debe hallar la causa. Y en la postuladora para contralor general de Cuentas ya se produjo el primer faltante: varios integrantes relegaron la exigencia de un requisito clave para cualquier aspirante a un cargo público: la declaración jurada de ausencia de conflictos de interés, sobre todo en relación a su pertenencia actual o pasada a un partido político representado en el Congreso, organismo sobre el cual recae la elección final. Algunos integrantes expresaron la necesidad de este requerimiento, dada la talla ética y la independencia que se espera de quien dirija la supervisión del uso de los recursos del Estado, que son los fondos aportados por todos los guatemaltecos.
Esa mayoría que impidió este requisito le abre de manera oficiosa la puerta a aspirantes con afinidades previas o claros nexos con el oficialismo, lo cual pone en tela de juicio la calidad de una eventual gestión. El argumento esgrimido es falaz e insostenible: pedir una declaración de falta de conflictos de interés no figura de manera taxativa en la ley, como tampoco figuran las preguntas específicas que se harán a los aspirantes durante las entrevistas, ni el uso de mesas y sillas en las sesiones o como no estaba incluida desde el principio en la postuladora otra organización de auditores distinta del Colegio.
Una postuladora no se integra solo para revisar lo obvio y mucho menos para tramitar pases dedicados a delfines apadrinados por el oficialismo de turno, sino para evaluar trayectorias, examinar capacidades y verificar el desempeño profesional con base en la experiencia y conocimiento de sus integrantes. No está en ley el atraso en cronogramas de trabajo por disputas en la elección de representantes, pero ahí están.
Los postuladores que respaldan tal laxitud rayan en la mediocridad, se ponen en evidencia y también en entredicho a las instituciones y universidades a las que representan. En los perfiles de las carreras de Contador Público y Auditor que ofrecen se publicita la formación de profesionales éticos y con “valores”, pero estos no son entelequias distantes o poemas etéreos, sino actitudes, acciones y responsabilidades. Todo lo que no concurra con ello es histrionismo, pose y venta de conveniencias.
La postuladora tiene la potestad de juzgar los alcances de conflictos de interés declarados, pues no son impedimentos en sí mismos. No hace falta tan grueso conjunto de profesionales para revisar unos formularios, diplomas y fotocopias: su papel es más fundamental y profundo. De no ser así, todos los aspirantes podrían llevar sus expedientes directamente al Congreso y este elegir de acuerdo con sus propios criterios.
Al final, cabe señalar que el requisito de que un contralor no tenga conflictos de interés o afinidades que lo limiten no solo está en la ley, sino en la más importante de todas. La Constitución de la República establece que debe ser un profesional de reconocida honorabilidad. La máxima ley no menciona en específico conceptos como transparencia, probidad u honradez, pero todas forman parte de ella. Así que los postuladores tienen una oportunidad y muy poco tiempo para corregir este entuerto que puede llegar a convertirse en un socavón que demerite todo el proceso que efectúan. Su exigencia profesional debe ser máxima. La Contraloría General de Cuentas no está en venta ni es un botín para las apuestas politiqueras. Quizá los diputados puedan verlo así, pero no los profesionales que integran la postuladora. En sus manos está revertir este faltante para una verdadera auditoría ciudadana.
