Como un día triste, infausto, aciago, malaventurado para el deporte guatemalteco y para toda la Nación quedará inscrito en la historia el 24 de noviembre del 2022, fecha en la cual tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, electos y alineados con el oficialismo, decidieron romper las relaciones de Guatemala con el Comité Olímpico Internacional a través de la suspensión antojadiza de varias frases de la Ley del Deporte para “declarar” que el Comité Olímpico Guatemalteco no está supeditado al Internacional.
Esta medida es un nuevo capítulo del obcecado sainete leguleyo en apoyo a una planilla favorita del actual oficialismo. Este fallo, literalmente, confirma con creces tal aval tan negado por Jorge Rodas, exfutbolista que preside la misma y quien quizá nunca se imaginó llegar a estas extralimitaciones para conseguir tal puesto, el cual se ve demeritado, si no es que totalmente despojado de su función fundamental. Si no existe vínculo con el Comité Olímpico Internacional, de nada sirve y para nada importa un Comité Olímpico Guatemalteco que no sigue sus lineamientos ni puede organizar participación alguna para justas nacionales o internacionales. En otras palabras, se vuelve apócrifo y pierde su nombre, porque el olimpismo es un valor internacional inapropiable.
Es alto el riesgo que se juegan los tres ciudadanos magistrados Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez y Dina Ochoa por su proclividad hacia el oficialismo de turno, especialmente en un caso en el que su supuesto “nacionalismo” le roba la oportunidad y los sueños de triunfo a cientos de deportistas que quieren traer triunfos a su nación en justas olímpicas. La acción de ayer, al igual que las anteriores en este tema, constituye una afrenta contra la Constitución y puede acarrearles consecuencias.
Previendo este tipo de discrecionalidades, el artículo 154 constitucional sentencia que todo funcionario público está sujeto a la ley y nadie es superior a ella. Los votos razonados de dos de los magistrados del tribunal constitucional en contra de la resolución que aísla al país del deporte olímpico tienen un peso enorme en dos sentidos: primero, un asunto de tan graves consecuencias debería ser discutido en audiencias públicas y no resuelto a escondidas y con tanta prisa por oficiosa petición de un abogado prácticamente desconocido, cuyo vínculo, patrocinio o interés en el caso no se aclara. Segundo: de existir presiones, chantajes o abiertos conflictos de interés de magistrados integrantes del pleno, deben ser denunciados para exigir su inhibición en este caso específico. Callar no es una opción y la ciudadanía acuerpará a quien tenga la valentía de demostrar sus convicciones éticas y legales con acciones trascendentales.
Ya existió hace dos décadas una Corte de Constitucional cortada a la medida de las pretensiones inviables que se deseaba “legalizar”. Hoy se le conoce como la Corte de la Vergüenza, y sus decretos ilegales fueron declarados “nulos ipso jure”, no sin que antes el propio pueblo le dijera que “no” al personaje que pretendió ganar poder con tal jugarreta.
El deporte nacional está suspendido de toda participación internacional desde hace 40 días, y ni la CC ni el Ejecutivo, ni el Congreso se inmutan. No hay récords ni clasificaciones para los jóvenes deportistas; un robo de tiempo y oportunidad en nombre de una pugna ciega. El señor Rodas debería renunciar a su pretensión en favor de un bien mayor y competir en condiciones que lo hagan ver como un dirigente y no como un peón que solo puede imponerse a través de confabulaciones.
