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El derecho de las mujeres y las niñas a tener pleno control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad y su salud sexual y reproductiva centra una declaración suscrita por catorce de los 27 países de la Unión Europea en la que hacen un llamamiento a las instituciones europeas y a los Estados miembros a garantizar el acceso al aborto "legal y seguro".
La declaración se elaboró en el marco del encuentro de alto nivel sobre la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, organizado este jueves en la ciudad de Zaragoza (norte) con motivo de la presidencia española del Consejo de la UE, con la participación de delegaciones europeas responsables de igualdad y Derechos Humanos.
El encuentro lo abrió la ministra española de Igualdad en funciones, Irene Montero, quien dijo que este encuentro tiene como objetivo afianzar la "Europa feminista" que entiende que los derechos sexuales y reproductivos "son un pilar sobre el que se sustentan todos los demás derechos de las mujeres y una condición fundamental para hablar de la ciudadanía plena de todas las mujeres".
Montero valoró que catorce países europeos se comprometan con esos derechos con la firma de esta declaración: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, a la espera que se sumen más miembros de la UE.
"El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y, por tanto, también sobre nuestras propias vidas, es la base de nuestra condición de ciudadanas de pleno derecho", enfatizó la mimistra, y aseveró que una sociedad que impide o restringe la libertad y la autonomía de las mujeres, que niega su soberanía sobre sus propios cuerpos, "afianza la desigualdad de más de la mitad de la población y, por tanto, no respeta la igualdad".
En el texto, los países adheridos llaman a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a garantizar el acceso al aborto legal y seguro, a la salud sexual y a los derechos sexuales y reproductivos y a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, así como a una educación sexual integral y a servicios de salud integrales y asequibles, en particular para los adolescentes, que les permitan decidir sobre su sexualidad y su vida reproductiva y protegerse adecuadamente de los embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual.
También el derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas y a decidir por sí mismas, en función de su edad y madurez, a que todas las personas en edad reproductiva tengan acceso a tratamientos de fertilidad, al acceso sin discriminación a una atención a la maternidad, al embarazo y al parto basada en la evidencia y respetuosa, a la aplicación del principio de consentimiento libre e informado y a la condena a cualquier forma de abuso, incluida la violencia ginecológica y obstétrica.
La salud y los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito del mercado de trabajo y en las relaciones laborales y el combate a estereotipos, desinformación y falta de educación y tabúes relacionados con la menstruación son otros de los puntos recogidos en esta declaración.
