El gobierno del presidente Luis Arce se halla embarcado en una empresa en la que nada cuadra. Porfía en solitario en una cara apuesta, de 387,5 millones de dólares, para la que ya se han escrito crónicas de un fracaso anunciado. Transita por extraños recovecos legales como recordando la célebre frase del expresidente Evo Morales: “Yo le meto nomás, por más que sea ilegal”. Además, lejos de dar pelea argumentativa por su proyecto, opta por evitar aclaraciones o información detallada que desmienta a sus críticos.
Se trata de las plantas de producción de biodiésel o “diésel ecológico” con las que se busca enfrentar el caro déficit de este combustible. Como es sabido, la merma en la producción de hidrocarburos más la subvención a los importados golpea con cada vez más fuerza a la economía nacional. En 2021, Bolivia importó gasolina por un monto de 612 millones de dólares mientras que el diésel importado le costó 1.200 millones, y el panorama va empeorando. En ese escenario, la idea de las plantas de biodiésel se convirtió en una de las más recordadas promesas de la campaña electoral.
Tras varios ajustes en sus características, hace tres semanas las autoridades señalaron que la promesa empezaría a ser cumplida “en los próximos días”. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció así este 4 de mayo el inminente inicio de obras. Agitó más las aguas de la polémica cuando reveló el nombre de la empresa que se haría cargo del proyecto: nada menos que la subsidiaria YPFB Refinación.
El proyecto
En resumen, el proyecto está compuesto por la construcción de cuatro plantas para producir diésel de diversas materias primas. La más importante constituye la que aplica la tecnología HVO (aceites vegetales hidrotratados o hydrotreated vegetable oils, por sus siglas en inglés). Planta que usa materia prima vegetal virgen y produce lo que se ha denominado biodiésel.
Luego, se pretende implementar dos plantas de tecnología FAME (ácido graso de metil ester o fatty acid methyl ester, su sigla en inglés). Éstas apelan tanto a vegetales como a material reciclado, especialmente proveniente de aceites usados en la cocina. Generan el denominado diésel sintético. La cuarta planta recurre a la pirólisis, es decir, basa su funcionamiento en el calor con el que descompone material plástico utilizado.
Prácticamente ninguna de esas características se libró de la crítica, mejor dicho, de una lluvia de críticas. Suman, por lo menos, ocho las razones que cuestionan el proyecto. Lo más llamativo es que, pese a que pasaron seis meses desde que estalló la polémica y se multiplicaron los cuestionamientos, no hay aclaraciones, pero ya se anuncia el inicio de obras.
¿Y la materia prima?
¿De dónde saldrán las materias primas? Oficialmente, nadie responde. Y ésa es la primera interrogante que lanzan los críticos del emprendimiento gubernamental. “Se requiere muy grandes cantidades de materia vegetal para el biodiésel —dice el economista Antonio Sanjinés—. Entonces es necesario ampliar las superficies cultivadas o reemplazar la superficie donde se cultiva alimentos por cultivos de plantas energéticas, plantas que tengan aceites. Pero actualmente, según informes de los propios productores, las plantas aceiteras ya están trabajando al 60 o 70 por ciento de su capacidad. Es decir, ni siquiera la soya que se produce hoy en el país satisface la demanda de las empresas aceiteras”.
Así, tal cual deduce Sanjinés, la planta de biodiésel se constituirá en un estímulo para ampliar masivamente la siembra de soya, girasol y otras oleaginosas. Sin embargo, ese tipo de siembras, en los últimos años, desataron graves problemas ambientales y sociales. “Según cálculos recientes, para satisfacer apenas el 20 por ciento de la planta de biodiésel se necesitará 900 mil nuevas hectáreas de soya —añade Sanjinés, funcionario de la organización Productividad Biósfera Medioambiente (Probioma)—. Es decir, habría más que duplicar la actual superficie sembrada”.
Otros expertos han alertado también sobre la provisión de la materia prima para las plantas FAME y de pirólisis. Es el caso del ingeniero químico Hugo del Granado, quien advierte: “Para estas plantas, la materia prima reciclable, como los aceites de cocina o automotores, es muy escasa. Tendría que usarse un complicado mecanismo de recolección en todo el país que, sin duda, sumará bajas cantidades. Lo llamativo es que quieren instalar dos plantas de este tipo”.
Segunda duda: ¿se busca implementar plantas con una tecnología exitosa y de avanzada? Al parecer, en un caso sí, en otros dos, no. Así lo señala Del Granado quien se ha especializado en petroquímica. “Sería recomendable que los proyectistas de YPFB centren su atención sólo en la planta de HVO porque es una tecnología más avanzada —subraya—. Está siendo implementada en varios países europeos luego de haber sido varias veces probada y de haber dejado de lado las tecnologías del FAME y la pirólisis. ¿Para qué van a pagar por una tecnología que ya es obsoleta o, por lo menos, no es utilizable?”.
Consumir diésel para producirlo
La tercera interrogante crítica parece encerrar al menos dos círculos viciosos: ¿se va a incrementar el consumo de diésel para producir diésel ampliando la producción de soya para vender soya? La propia lógica del sistema señala que sí, y se cuenta con cierto precedente. Ya ha sucedido algo parecido con el proyecto de la producción etanol para ahorrar la importación de gasolina. “El manejo de tan sólo las nuevas 900 mil hectáreas de soya implicará el manejo de nueva maquinaria —explica Sanjinés—. Ello inducirá a que se multiplique la importación de diésel, o sea, es un proyecto insostenible por donde se lo mire”.
El analista Guillermo Villalobos llegó a conclusiones parecidas e incluso las profundizó en una detallada evaluación sobre el tema realizada para la Fundación Solón. “El proyecto favorece al sector agroindustrial por dos factores principalmente: primero, porque son los mismos agroindustriales los que tiene que proporcionar la materia prima para elaborar estos combustibles, segundo, porque es el sector agroindustrial uno de los principales consumidores de combustibles que se venden a un precio subvencionado por el Estado. (…) En el mismo Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 se propone establecer una estrategia de fomento a la producción de materia prima (cultivos oleaginosos) destinada a abastecer la demanda de la producción de diésel ecológico; planteando que para 2025 hasta el 78 por ciento de la demanda de materia prima para el diésel ecológico será cubierta por la producción nacional agrícola y forestal (Meta 3.2.12)”.
La cuarta duda crítica trae una contradicción marcada: ¿el “diésel ecológico” generará mayor contaminación y problemas ambientales? ¿Se va a ir contra la Ley de la Madre Tierra a todo vapor y a favor del calentamiento global? ¿Se va a deforestar más bosques bolivianos pese a que ya somos el tercer país que más deforesta en el mundo? Eso, al margen de que ya la propia planta de pirolisis, resulta directamente contaminante porque recicla material proveniente de los hidrocarburos fósiles.
Diésel “ecológico”
En general, ya la aspiración de buscar que el 78 por ciento de la materia prima sea cubierta por producción nacional responde a las dudas. Villalobos añade: “Contrariamente al término de ‘diésel ecológico’ acuñado por el Gobierno, el proyecto de biocombustibles acarrea serios impactos socioambientales. Esto debido a que está intrínsecamente relacionado a problemáticas como la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, el uso de transgénicos (muchos introducidos ilegalmente al país), un mayor uso de agroquímicos tóxicos, la escalada del tráfico de tierras, entre otras”.
Algunas autoridades y analistas señalaron que para evitar esos problemas una alternativa o, por lo menos, paliativo será la siembra de jatrofa en el Chaco. La jatrofa es una oleaginosa que se adapta notablemente a terrenos áridos. Sin embargo, esa opción también es descartada y por más de una razón. Inicialmente, los expertos señalan que tardaría en desarrollarse varios años antes de que se la pueda usar lo que postergaría la opción. Pero además se ha recordado que el Chaco no necesariamente debe entenderse como una región árida o desértica donde sembrar un monocultivo resultaría positivo.
“Todo el Chaco tiene una biodiversidad propia con sus propias características —explica Sanjinés—. Para sembrar jatrofa se tendrá que remover ese bosque chaqueño porque se necesita grandes cantidades de estos cultivos energéticos. Entonces se generarán monocultivos de jatrofa, palma, cusi u otras plantas de este estilo. Lo que implicará manejo de maquinarias, plagas y agroquímicos. Añadamos que estos agroquímicos vienen de combustibles fósiles y que la maquinaria funciona a diésel. Todo ello derivará en mayores emisiones de gases de efecto invernadero y en una región donde lo que menos se necesita es eso”.
YPFB contrata a YPFB
Quinta duda crítica: ¿por qué YPFB contrató a YPFB Refinación para semejante obra? “Dicen los que saben que esa jugada es parte de la ‘ingeniería del fraude’ —ha escrito el analista Carlos Valverde—. Aunque el problema no es que YPFB pueda o no contratar directamente a su empresa; el problema es que esto estaría hecho para evitar un proceso de licitación, el que, de ser abierto y publicado, puede ser objeto de observaciones por los interesados en la materia”.
Y Valverde ha sumado otra interrogante crítica que trae sus propias interrogantes añadidas: “¿Es YPFB Refinación apta para la construcción de plantas? Ésa es una pregunta que debe ser respondida. ¿Cuál su experiencia y dónde construyó anteriormente? ¿O aquí entran los subcontratistas?”.
La séptima duda es la de los cientos de millones que, finalmente, le afectarán al país entero: ¿es el proyecto de las plantas de biodiésel, siquiera, rentable? Y el resultado de los cálculos de otro experto no es nada halagüeño. El doctor PHD en química Justo Zapata trabajó con las variables del presunto negocio que tan pomposamente anunció el Gobierno en marzo y en mayo.
¿Será rentable?
“Una tonelada de aceite de soya produce una tonelada de biodiésel —explica Zapata—. Una tonelada de biodiésel tiene 1.136 litros. Consideramos el valor de la tonelada de aceite de soya hoy de aproximadamente 1.920 dólares, aunque ha subido más. Entonces, al dividir ambas cifras sale un valor del litro de biodiésel de 1,68 dólares, es decir, casi 12 bolivianos por litro. Cuesta casi tres veces el precio del diésel de petróleo. Eso sin tomar en cuenta otros costos que implicará convertir el aceite de soya en biodiésel, lo que subirá más aún el precio”.
Gráficas en mano, Zapata muestra la evolución de los precios de la soya en el mercado internacional. A partir de las recientes crisis, especialmente la desatada por la guerra en Ucrania, dicha cotización saltó a cifras récord, de 272 dólares la tonelada en 2002 hasta prácticamente 2 mil en el presente. Es probable además que dicha alza se mantenga por buen tiempo, según las evaluaciones de los expertos.
“En otros países, este proceso ha funcionado debido a que usaron otros productos y el diésel de petróleo es también más caro —añade Zapata, nuevamente con gráficos en mano—. En la India, por ejemplo, usaron aceite de palma, les salió el biodiésel a un precio de 1,36 dólares, mientras que el diésel de petróleo cuesta 1,55 dólares. Acá no sería rentable ni usando palma”.
Hay más dudas críticas, como los llamativos cambios en los anuncios sobre los costos de las plantas. De hecho, entre los dos últimos hubo una variación de más de 100 millones de dólares. Pero esas preguntas adicionales, como todas las ya citadas, han dejado abierta la interrogante número ocho: ¿por qué las autoridades no realizan aclaraciones pormenorizadas sobre el proyecto?
La pregunta ha llegado a ser manifestada por los propios parlamentarios afines al Gobierno, quienes señalaron que no han recibido la información del caso. Igualmente, a los analistas citados en este reportaje se pueden sumar al menos otros seis que han manifestado sus dudas y demandado más datos. Es más, OH! buscó comunicarse con los responsables de YPFB y pidió información a los funcionarios de prensa. Hasta el cierre de esta edición, la única respuesta fue un link que deriva a la página web de la estatal petrolera donde destaca el anuncio que realizaron las autoridades en marzo.
“Nada que sea defendible en aras del bien común necesita ser ocultado tras procesos sin transparencia y claridad que precisamente impiden el acceso a la información, la competencia de opciones, la elección de las mejores, así como el debate público abierto sobre la pertinencia, o no, de estas ideas entre otros —ha señalado la senadora Cecilia Requena—. Tememos que entre las motivaciones se encuentren la corrupción de gran escala (la asociada a contratos millonarios) que, además, canaliza contratos de gran envergadura y largo plazo que benefician a grupos de intereses particulares en detrimento de intereses comunes”.
Tras seis meses de polémica y en pie de que se inicien obras “en los próximos días” el misterio de la planta de biodiésel cuyas cifras no cuadran continúa.
