La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación y alerta sobre una campaña de asfixia económica y presión política contra la Editorial Canelas S.A., casa matriz del diario Los Tiempos de Cochabamba.
La SIP informa que, en una reunión con directivos de la empresa, tomó conocimiento sobre desproporcionadas y periódicas auditorías fiscales y administrativas contra el medio y sobre la hostilidad de un empresario allegado al Gobierno y al partido oficial, Movimiento Al Socialismo (MAS), que estaría ejerciendo presiones en contra de los accionistas de Los Tiempos para quedarse con la compañía a un precio irrisorio.
Los directivos de Los Tiempos denunciaron que, en una sorprendente coincidencia temporal con las ofertas hostiles de compra que recibieron los accionistas de la empresa, el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) condujeron auditorías abusivas contra la casa editorial, atribuyéndole deudas multimillonarias inadecuadas y actividades de otros medios de comunicación que ya no están operando.
El objetivo de la campaña, aseguraron, es obligar a los accionistas de Los Tiempos a rendirse y entregar la empresa después de casi 79 años de operación por parte de la familia Canelas.
Los ejecutivos de Editorial Canelas aseguraron ante autoridades de la SIP que la campaña de asfixia gubernamental se inició años atrás con una manifiesta discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial, y recientemente sumó presiones a inversores privados para desalentar la compra de inmuebles que Los Tiempos puso a la venta para sortear la crisis económica. Esto coloca a la editorial ante el riesgo de incumplir compromisos con su personal y con entidades bancarias.
La SIP dijo que el modus operandi del gobierno actual de Luis Arce difiere de la censura directa que en su época imponía el expresidente Evo Morales. Los ataques ahora son indirectos y generalizados contra los medios independientes y críticos.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, del Grupo Opsa, de Honduras, expresó: “Nos preocupan los métodos indirectos de presión, en especial en épocas de debilidad económica como la actual, profundizada por la pandemia”. Agregó: “Peor aun, nos alarma que el gobierno busque quedarse con medios o que se los dé a sus allegados con el fin de transformarlos en vehículos de propaganda”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, dijo: “Hemos visto procesos parecidos de cuasi confiscación de medios por parte de gobiernos de otros países y, lamentablemente, en todos los casos comprobamos que se trata de una fórmula perversa para aniquilar la democracia”.
Canahuati y Jornet dijeron que la SIP se mantendrá alerta ante la situación de Editorial Canelas y no descarta elevar el tema a organismos multilaterales y enviar una delegación a Bolivia.
Canahuati y Jornet consideraron que el acoso fiscal e incluso judicial, las presiones financieras y la discriminación de la pauta publicitaria contra los medios de comunicación contravienen principios de documentos internacionales sobre democracia y libertad de prensa. Entre ellos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec.
En la última medición del Índice de Chapultepec de la SIP, Bolivia ocupa el puesto 15 entre 22 naciones e integra el listado de países con restricciones severas a la labor periodística.
Medios y periodistas deploran “acoso estatal”
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales diarios, periódicos y medios de comunicación escritos de Bolivia, y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresaron ayer su solidaridad y profunda preocupación por la asfixia económica y por las forzadas auditorías fiscales al diario Los Tiempos, denunciadas ayer por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Según la ANP, las denuncias de la SIP se inscriben en la línea de las historias de permanente acoso estatal desde 2010, y que generan un estado de debilidad financiera en las empresas periodísticas independientes.
La ANP “rechaza toda forma de presión o coacción al funcionamiento de las empresas periodísticas que tengan por finalidad silenciar la palabra independiente”, dice la organización en un comunicado.
En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia señala que la asfixia económica es un método que emplea el gobierno premiando a los medios que le son afines y que replican sus mensajes y agenda y castiga a los medios independientes que le son críticos.
Los periodistas de Bolivia exigen al Estado el cumplimento de normas como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y otras que Bolivia suscribió a nivel internacional y tiene carácter de cumplimiento obligatorio.
La ANP aseguró en su comunicado que se mantendrá vigilante velando por el derecho al trabajo de los periodistas y trabajadores de Los Tiempos.
Atentado a libertad de expresión
Para el director de Los Tiempos, Marco Zelaya, la asfixia económica y la presión política revelan un claro atentado en contra de la libertad de expresión y un golpe a un derecho constitucional.
Zelaya dijo que el medio peleará contra la presión política, “desde Los Tiempos decimos que nosotros vamos a seguir informando, sirviendo a la población y no vamos a permitir que se cometa esta vulneración y abuso contra la libertad de expresión, porque tenemos entendido que si nosotros dejamos de pelear por la libre expresión, también pierde la ciudadanía, pierde Cochabamba y pierde el ciudadano boliviano, porque si sigue esto, se va a perder un medio valioso, un periódico independiente”.
La SIP mantiene vigilancia frente a las vulneraciones
La Sociedad Interamericana de Prensa realiza en forma periódica, metódica y sistemática actividades destinadas a servir a su misión de defender y promover la libertad de prensa. Entre las más destacadas están el monitoreo constante de violaciones a la libertad de prensa y de expresión en América y la publicación de informes semestrales.
Cumple una labor diaria de vigilancia, denuncia y movilización de sus directivos, personalidades e instituciones en defensa de la libertad de expresión y los intereses de la prensa en las Américas.
Campañas públicas a través de publicaciones adheridas o no a la SIP, sobre temas de libertad de prensa y la denuncia de crímenes contra periodistas.
Labor de gestión a nivel de los poderes del Estado para promover leyes de acceso a la información pública y eliminar la legislación que restringe la libertad de prensa.
Apoyo proactivo a la creación y divulgación de una jurisprudencia supranacional que sirva como precedente favorable a la libertad de expresión en el hemisferio.
La organización de foros de emergencia, conformados por delegaciones internacionales, con el objetivo de demandar in situ cambios favorables a la libertad de prensa.
La denuncia y divulgación profusa e inmediata de violaciones, amenazas o agresiones a los periodistas y a los medios de comunicación, a través de resoluciones, comunicados de prensa, protestas y denuncias de carácter público.
