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El proyecto de Ley 221/2021-2022, enviado desde el Órgano Ejecutivo, prevé el pago de Bs. 99.9 millones con dinero del Tesoro General de la Nación (TGN) a 1.714 personas que sufrieron violencia política en los gobiernos inconstitucionales constituidos entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
El proyecto de Ley fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el Órgano Ejecutivo y fue puesto en la agenda para su tratamiento entre el 30 de mayo y 3 de junio. Consta de un artículo único, una disposición transitoria y una disposición final.
"Proyecto de Ley No 221/2021-2022 para efectivizar el pago destinado al resarcimiento excepcional en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política por gobiernos inconstitucionales en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. A través de la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley nº 2640, de 11 de marzo de 2004", reza la convocatoria de la Cámara de Diputados.
El artículo único explica que el pago para las personas se hará realidad a través de la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004. El texto original señala que el Poder Ejecutivo "queda encargado de tramitar aportes porcentuales anualmente, por donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales hasta cubrir el 80% del total del resarcimiento Calificado por el conrevip".
Se modificaría bajo el siguiente texto: "b) Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asignar recursos por un monto de hasta Bs 99.925.916,16 (...) correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera".
La disposición final del proyecto de ley explica que la lista final de los beneficiarios está establecida en el anexo del Decreto Supremo 1211 de mayo de 2012, en el que se identifica a 1.714 beneficiarios.
En la exposición de motivos, argumenta que el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado boliviano garantizar una reparación integral a las víctimas de gobierno inconstitucionales de 1964 y 1982. Asimismo, el Comité Contra la Tortura también recomendó efectivizar el hecho a la "mayor brevedad posible".
