Cuba

El nuevo informe de Bachelet alimenta el expediente de violaciones de derechos humanos del chavismo

El expediente sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos, en Venezuela, se ha seguido alimentando con los reportes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Dos expertos consultados por DIARIO DE CUBA esperan se abra paso ahora al Derecho Penal Internacional, para establecer responsabilidades individuales en lo sucedido, durante el Gobierno de Nicolás Maduro.

La expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, brindó este 2 de julio un nuevo reporte que forma parte de un mandato específico que le dio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: investigar y documentar la grave situación que se registra en Venezuela. El anterior reporte lo había dado a conocer en diciembre de 2019.

"Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención", manifestó Bachelet en Ginebra este 2 de julio.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, la oficina de Bachelet contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de "operaciones de seguridad". Un cuerpo de acciones especiales de la policía, las FAES, tienen el mayor registro en estos casos presuntamente de ejecuciones extrajudiciales.

Hace exactamente un año, la propia Bachelet le pidió a Maduro que disolviera a las FAES. Al día siguiente Maduro colocó a este cuerpo, de forma inédita, en un desfile militar y le dio amplio respaldo. Las FAES no solo ejecutan a jóvenes en los sectores populares, sino que incluso roban pertenencias y enseres personales de las víctimas al requisar sus viviendas, según testimonios de varias ONG venezolanas.

Dos expertos en derechos humanos consultados por DIARIO DE CUBA, estiman que lo que se ha registrado y documentado sobre Venezuela, debería dar paso no sólo a denunciar la gravedad de las violaciones, sino a la activación de la justicia penal internacional, para el establecimiento de responsabilidades individuales en los hechos.

Carolina Jiménez, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dijo a DIARIO DE CUBA que los informes del alto comisionado son importantes y evidencian la preocupación de la comunidad internacional ante lo que ocurre en Venezuela, sin embargo, recordó que para evaluar a este país se decidió activar un mecanismo que no ha sido usado con mucha frecuencia.

"El año pasado para Venezuela se decidió conformar una misión de determinación de hechos. Se trata de una comisión independiente que investiga graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Gobierno venezolano", precisó Jiménez. En diciembre pasado el chavismo vetó el ingreso al país de esta misión.

A juicio de Jiménez, tanto los reportes de Bachelet como el informe de la misión de determinación de los hechos "son insumos obviamente para un proceso que ya está abierto en la Corte Penal Internacional (CPI) pero que no ha pasado a una fase de investigación, lo que se ha hecho es abrir un examen preliminar".

Por su parte, Carlos Patiño, coordinador del área de defensa y educación en Provea, la más antigua organización de derechos humanos de Venezuela, sostiene que hubo un antes y un después tras el primer informe de Bachelet de julio de 2019. "Ese primer informe del año pasado fue bien contundente", precisa.

La documentación ya elevada por el Alto Comisionado sobre la situación generalizada de violaciones a derechos humanos contribuyó a que se tomara el paso siguiente: la creación de la misión de verificación de los hechos.

"Esta misión tiene una fuerza mayor, se trata de un órgano colegiado de expertos. Se centrarán en cuatro graves violaciones: desapariciones forzadas, encarcelamiento, tortura y ejecuciones", indica Patiño al ser consultado por DIARIO DE CUBA.

El abogado venezolano asegura que el informe de la misión, que se espera para septiembre próximo, puede elevar la categoría de lo que ocurre en Venezuela si determina la presunta existencia de crímenes, bajo el Derecho Penal Internacional.

"Ese informe de septiembre sí establece responsabilidades. Pudiera ser un elemento probatorio", adelanta Patiño, aunque reconoce que, dado el alto volumen de violaciones a los derechos humanos registradas en los últimos años, es posible que la misión de expertos independientes solicite una prórroga de su mandato.

En todo caso, los dos defensores de derechos humanos consultados por este diario saludan como elemento positivo que haya interés y seguimiento por parte de organismos especializados de lo que acontece en Venezuela.

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