logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Colombia

Consenso: ¿para qué?

Hace poco, el exministro Luis Guillermo Parra me regaló el libro de la investigadora norteamericana Helen Delpar El Partido Liberal en la política colombiana 1863-1899 (Ediciones Procultura, 1974), obra que muestra de modo objetivo lo que significó el Régimen Radical con su federalismo, el respeto a las libertades públicas, la concepción laica del Estado, el impulso a los ferrocarriles y las comunicaciones, así como el ascenso de la Regeneración, incluida la pérdida de Panamá.

En el prólogo, López Michelsen –quien nunca utilizó políticamente su condición de profesor de derecho constitucional– formula consideraciones válidas para la actual situación política del país, como esta: “Cabe observar (…) de qué manera una estudiante del sur de los Estados Unidos consiguió penetrar en la idiosincrasia colombiana. Ningún rasgo de nuestra vida política nos caracteriza tanto como la búsqueda de la transacción, del justo medio, del llamado consenso entre las fuerzas encontradas. El Partido Republicano, el Frente Nacional, los intentos de suprapartidismo forman parte de la herencia que la señora Delpar advierte...” (pág. XXIX).

Hoy se llama al antes conocido como ‘canapé republicano’ a propósito de tres recientes hechos judiciales

Cada cierto tiempo se pone de moda la expresión ‘cumbre’ para describir la reunión de jefes de partidos políticos, expresidentes y congresistas activos o en receso, tendiente a buscar ‘salidas’ a una situación que se considera, con algo de hipérbole, el borde del ‘abismo’ para el país. Esas reuniones, a menudo espectaculares, pocas veces conducen a cambios de actitud política, salvo excepciones como la Unión Nacional tras el asesinato de Gaitán, vuelta pedazos meses después; la convocatoria de Rojas Pinilla a los jefes políticos luego del golpe de Estado en 1953 bajo el lema ‘No más sangre ni más depredación...’; o el acuerdo de los líderes políticos para tumbarlo, el 10 de mayo de 1957.

Hoy se llama al antes conocido como ‘canapé republicano’ a propósito de tres recientes hechos judiciales –en cuyo fondo está de nuevo la extradición de nacionales– que no podrían resolverse con resoluciones políticas: la discutida decisión de la JEP concediéndole en primera instancia el beneficio de no extradición a Santrich; el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, y la inesperada y hasta ahora inexplicable renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. La decisión de la JEP puede ser revocada gracias al sesudo recurso interpuesto por la Procuraduría.

Cuando en 1989 el presidente Barco prefirió hundir una reforma constitucional antes que ceder a la presión de los narcotraficantes para suprimirla, acudió a los jefes políticos de entonces –Turbay Ayala, liberal; y Pastrana Borrero, conservador–, quienes hicieron todo lo posible para “convencer” a los parlamentarios, pero, a pesar de ello, estos prosiguieron con el ‘mico’. Meses después, el animalito se convirtió en orangután, ya no en el Congreso sino en la Constituyente, que, cediendo a la presión de los narcos –y con el ‘consenso’ del liberalismo, el conservatismo y el M-19–, prohibió la extradición.

Solo doce constituyentes, encabezados por el actual procurador Fernando Carrillo, se opusieron a eliminar la extradición, como lo pedían los extraditables. Hoy, 28 años después, se convoca casi que a las mismas fuerzas y personajes ¡para salvarla!


Superado el cedazo político, las objeciones a la JEP penden de la Corte Constitucional, que bien podría inhibirse, pues no es función suya decidir sobre mayorías en el Congreso. Y la sucesión del Fiscal no pasa por el Parlamento: el Presidente es quien autónomamente terna para que la Sala Plena de la Corte elija.

El país ya debería estar maduro para superar la tendencia a convocar ‘cumbres’, y en cambio crear las condiciones para que la controversia política se adelante clara y abiertamente entre distintas formas de concebir la sociedad y el Estado. Puede haber acuerdos, pero para permitir los desacuerdos pacíficos. Que haya partidos políticos. Que las controversias sean serias.

¿Y no vale la pena que otra vez se invoque la ‘reforma de la justicia’ –léase, distribución del poder a nivel de las altas cortes– para justificar otro ‘acuerdo político’?

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO