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Colombia

Falsa disyuntiva

La aprobación, esta semana, del Presupuesto General de la Nación para el 2019 estuvo enmarcada por un debate que aunque no es nuevo, sí ha sido este año particularmente intenso: ¿se deben invertir más recursos en educación o en seguridad y defensa?

Las marchas de miles de estudiantes en todo el país –que, esta semana se vieron empañadas por lamentables desmanes– finalmente lograron que el gobierno del presidente Iván Duque se comprometiera con 1,5 billones de pesos más para las universidades públicas. No obstante el esfuerzo, que incluiría dinero de las regalías, los promotores de la protesta lo consideran insuficiente e insisten en sumas mayores.

A decir verdad, el énfasis en la enseñanza ya existe. De los 259 billones de pesos correspondientes al programa de gastos estatales del próximo año, irán para ese sector 41,4 billones, 2 billones más que en la versión original. El segundo presupuesto más alto es el de defensa, con 33,5 billones.

En el debate parlamentario hubo sectores políticos que propusieron disminuir la asignación de las Fuerzas Armadas para aumentar las platas que deben financiar la educación pública en el país. Un planteamiento que, sin duda, puede ser políticamente rentable, pero que, llevado a la realidad colombiana, está lejos de ser lo que más le conviene al país.

Casi dos años después de la firma definitiva de la paz con las Farc, como bien lo pueden atestiguar los habitantes de Nariño, en la frontera con Ecuador, y los del Catatumbo, al otro lado del país, el Estado aún no logra controlar efectivamente los territorios que por décadas fueron zona de influencia de los actores armados irregulares. Áreas plagadas de coca que rondan las 200.000 hectáreas –más que todo el territorio del Quindío–, una docena de disidencias de las Farc dedicadas de lleno a ese negocio –a veces en confrontación, pero casi siempre en connivencia– con frentes del Eln y las bandas criminales, además de delitos como los robos y la minería ilegal disparados en varias regiones, representan un reto en materia de seguridad que no se resuelve con buenas intenciones.

A ese crítico panorama se suma la necesidad de actualizar los sistemas de defensa estratégica, que no fueron prioridad durante las largas décadas de conflicto interno. Y no se trata de presupuesto para atizar, como aseguran algunos sectores, un conflicto regional, sino de garantizar la adecuada protección del país, más aún cuando responsabilizar infundadamente a Colombia de cada una de sus crisis se ha vuelto recurrente para el régimen de Nicolás Maduro.

El expediente de los países centroamericanos que superaron sus guerras internas es más que aleccionador: para el éxito del posconflicto es fundamental una Fuerza Pública robusta y eficiente

Hay que mencionar también los complejos desafíos que enfrentan las ciudades. La más reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá mostró un preocupante aumento de siete puntos porcentuales en la cantidad de ciudadanos que reportaron haber sido víctimas de un delito.

Dados estos retos, llama la atención conocer que en los últimos cinco años, el pie de fuerza militar ha sufrido una caída de casi 40.000 hombres, como lo reconoció el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en un informe enviado al Congreso y revelado por este diario. Si a esto se añade el histórico déficit de presencia policial en las principales ciudades, lo que resulta es un caldo de cultivo propicio para el florecimiento de las actividades ilegales.

Por supuesto, nadie duda de la necesidad de contar con más plata destinada a sectores básicos para la calidad de vida de un país. Pero son tantos y tan complejos los desafíos en seguridad que sigue teniendo Colombia que la peor decisión en estos momentos –y mientras no se asegure el éxito del posconflicto– sería debilitarla. La tal disyuntiva entre plata y seguridad, puede decirse, no existe. Por el contrario, en ambos campos se requieren mayores recursos, y el éxito del Estado en ambos está íntimamente ligado.

El expediente de los países centroamericanos que superaron sus guerras internas es aleccionador. Allá, debido a una deslegitimación de los aparatos de seguridad –que por fortuna nunca se ha visto en Colombia–, varias naciones decidieron desmontar sus fuerzas militares y de policía, sin disponer de una estrategia efectiva para sustituirlas por cuerpos no tocados por la corrupción y la práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos. La llegada y el florecimiento del narcotráfico y de fenómenos de delincuencia como las maras se explican, en buena medida, por la ausencia de una autoridad efectiva para hacerles frente. Esa lección no puede ser olvidada.

EDITORIAL


editorial@eltiempo.com

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