Colombia

Golpe a la corrupción tocó al Huila

Durante la entrega de resultados de ‘Transparencia por la Emergencia’ el Contralor, el Procurador y el Fiscal expusieron los casos de corrupción hallados en los 32 departamentos del país donde se han aprovechado de los recursos públicos. Villavieja y Tarqui registraron irregularidades.

En el marco de la entrega de resultados que realizó ayer el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba, y el fiscal Francisco Barbosa de la estrategia ‘Transparencia para la Emergencia’ fueron expuestos los diferentes hallazgos que han encontrados los entes de control y de los cuales hay suficiente material probatorio y evidencias físicas que involucran a los 32 departamentos del país.

Los jefes de cada órgano fiscal mencionaron los casos de corrupción a los que han incurrido los funcionarios públicos y contratistas durante la pandemia.

Allí el fiscal general Francisco Barbosa señaló que uno de ellos se registra en el municipio de Villavieja donde la gerente de la ESE del Perpetuo Socorro, comisionó para el retiro de elementos de bioseguridad tales como tapabocas, batas, guantes y gorros a Jesús Aníbal Camacho Manrique, quien funge como conductor de la citada E.S.E. y el funcionario habría incurrido en la apropiación de ellos.

“El funcionario recogió los artículos en la Secretaría Departamental de Salud y se habría apropiado parcialmente de algunos. El conductor investigado será imputado por peculado por apropiación”.

El fiscal Barbosa afirmó que en las últimas dos semanas se han abierto 177 indagaciones por hechos de corrupción.

“Se imputarán a los alcaldes de Necoclí, Antioquia; Barbosa, Antioquia; San José de Miranda, Santander; y El Charco, Nariño; del mismo modo se imputará al Gobernador de Chocó, quien está actualmente suspendido. También hay 17 personas que en este momento se están pidiendo las solicitudes de audiencias para imputarlas y solicitar en algunos casos medidas de aseguramiento, entre funcionarios y contratistas”.

Referenció que en cada uno cuenta con los elementos y materiales probatorios, así como evidencias físicas que permiten abrir los procesos. Los delitos que se les imputará son interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos públicos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

Durante su intervención, el procurador Fernando Carrillo, indicó que esta estrategia de transparencia ha aportado para demostrarle a las personas que los recursos públicos no son para el beneficio particular.

“Se trata de desarraigar una serie de costumbres que hacen parte del ejercicio de la política en este país y que se trataron de convertir en ley”.

Anunció que desde Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia y 6 ONG regionales prendieron las alarmas en algunos departamentos del país como consecuencia de los contratos entregados a los aportantes de las campañas. Ejercicio que calificó como bárbaro y lamentable.

“En el caso de muchos inversores, en la política de quienes han financiado campañas, tratar de recuperar sus inversiones con la plata de la contratación destinada del covid-19 o destinada por el Estado a satisfacer las necesidades de los colombianos. Eso es imperdonable”.

Tarqui fue nombrado por el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, como uno de los municipios del territorio nacional que registra este tipo de delitos.

“Nuestro seguimiento preventivo a los contratos relacionados con la atención de la pandemia nos ha permitido revisar registros por $3.9 billones que equivalen al 19% de todos los contratos celebrados por las entidades del Estado durante lo que va corrido del año”, puntualizó, al tiempo que aseguró que en el último mes esos beneficios crecieron en un 93%.

Inversores con contratos

Los tres órganos de control liderados por la Contraloría General de la República y con información de Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia y 6 ONG del país que en varias Gobernaciones y Alcaldías se han aprovechados por recursos para mitigar el covid-19 para el ‘pago de favores’ de los inversionistas de las campañas. En total son 24 indagaciones a servidores de 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y 1 hospital departamental.

  1. Uno de los principales aportantes a la Gobernación del Vichada, aportó $40 millones y hoy tiene un contrato por $1.714 millones.
  2. En el departamento de Boyacá a quien aportó $102 millones y tiene contratos de transportes por $70 millones.
  3. Contratación de aportantes en la campaña de la Gobernación del Caquetá por $157 millones y tienen contratos por $1.600 millones.
  4. En Amazonas el aportante invirtió $20 millones con contrato por $316 millones.

Alcaldías

Andes, Antioquia

Argelia, Antioquia

Barbosa, Antioquia

Carmen de Viboral, Antioquia

Támesis, Antioquia

Girardota, Antioquia

Ríonegro, Antioquia

Villa de Leyva, Boyacá

Puerto Rico, Caquetá

Pueblo Bello, Cesar

Montelíbano, Córdoba

Tarqui, Huila.

Ipiales, Nariño

Calamar, Guaviare

Granada, Meta

Ricaurte, Nariño

Pereira, Risaralda

Bucaramanga, Santander

Espinal, Tolima

Icononzo, Tolima

Guadalajara de Buga, Valle

Tulua, Valle

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