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Colombia

‘Los usuarios, obligados a comprar energía renovable’

El artículo 185 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) obliga a los consumidores a comprar energía que producen los proyectos generación renovables, así el Gobierno Nacional busca garantizar la viabilidad, sí o sí, de las plantas solares y eólicas.

(lea: Gobierno ampliaría el techo de generación de energías limpias)

La afirmación es de Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quien en diálogo con Portafolio, explicó como el capítulo que se metió en el PND con medidas para salvar a Electricaribe, terminarán por alterar el mercado del sector energético.

(Lea: Aprobada la primera licencia para la generación de energía solar)

Hizo énfasis en que si la próxima subasta de energía para contratos de largo plazo no abría el abanico a otras fuentes, sin importar que fueran nuevas, prácticamente estaba condenada a repetir lo que sucedió con la primera.


¿Qué opina del anunció de la ministra de Minas y Energía sobre el interés de ir más allá de los 1.500 de megavatios (Mw) en fuentes renovables?


Es la apuesta total del Gobierno Nacional. En el artículo 185 del recién aprobado PND, se establece como obligación, que la demanda compre, sí o sí, energía a los proyectos de generación renovable. La obligación se establece a través de los contratos de largo plazo. Además, garantiza que las inversiones con el pago de las tarifas.

Además, se enredaría el sector energético porque se presentaría una sobrecapacidad instalada. La demanda pico según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) para el 2022 y 2023 son entre 13.000 a 14.000 megavatios (Mw), de ahí no pasa. Con el anuncio se podría llegar a una sobrecapacidad instalada casi de 22.000 Mw. Es decir el país quedaría con 8.000 a 9.000 Mw de sobra, que de todas maneras hay que pagarlos. Y los dineros saldrían del bolsillo de los usuarios.

¿El PND salvaría las acreencias de Electricaribe?


Con el articulado metido como capítulo especial, de cierta manera altera el panorama de la operación de energía. Además de la modificación de límites (25% al 35%) para que entren dos jugadores clave del sector, incluyeron en la tarifa $4 por kilovatio hora que deben pagar los estratos 4, 5 y 6, incluidos los sectores industrial y comercial.

Además, crean un régimen tarifario especial para Electricaribe. El tema no tiene nada de raro, sino es porque el país está en plena etapa de solicitudes tarifarias de los distribuidores, y estos pueden advertir que están en similar situación por la que pasa esta electrificadora.

Pero la Nación creo una ayudas económicas para salvar de la crisis a Electricaribe...


En el 2012 se crearon unos fondos como el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), el Fondo de Energía Social (Foes) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización en las Zonas Rurales Interconectadas (Faer) para atender la crisis que se estaba presentando en Electricaribe. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Gobierno no usa esos recursos? Qué mire cuánto le entra a Electricaribe por esos conceptos de recaudo y establezca realmente cuánto deben aportar los estratos 4, 5 y 6.

¿Por qué le fue mal a la última subasta para contratos de largo plazo?


La asignación de riesgos no fue la mejor. Estos los asumía la demanda y no el generador. Así, con qué incentivo iba a comprar la demanda, si lo que esta asumiendo son más riesgos. Entre un contrato, que pague lo contratado, en un comparación con el que ofrecía la subasta, que era pague lo generado, no se pueden valorar los dos productos de la misma manera.

Los que llegaron a participar, hicieron la valoración a un precio mucho menor. El problema fue que el producto no fue atractivo para la demanda.

¿Dónde estuvo el verdadero problema?
No por mucho madrugar, amanece más temprano. El Gobierno corrió demasiado. Nunca se detuvieron a mirar si se estaba concibiendo bien la subasta.

Solo se limitaron a introducir ajustes hasta que salió el producto. No se tomaron la molestia de indagar entre los distribuidores si ese producto era bueno. Con seguridad hubieran respondido que no.

¿Y con respecto a la garantía financiera?


El Gobierno estaba convencido de que la subasta era buena. Pero la demanda tenía que comenzar a pagar garantías desde el día uno, cuando el proyecto entraba en operación en el 2021.

Es decir, había que mantener firme la garantía desde el primer día del proyecto y no desde la entrega de energía. Esto a los bancos no les pareció viable desde el punto de vista financiero. Los proyectos producto de la subasta no eran banqueables desde la demanda.

En el sector hay reservas con respecto al resultado de la subasta del cargo
por confiabilidad...
El gran hito para el resultado de la subasta del cargo por confiabilidad es el próximo lunes primero de abril. Ese día se sabrá si aquellos proyectos que ganaron en la subasta están financieramente viables. Analistas señalan que nos les daría el tiempo para levantar esa garantía.

Por el resultado de la subasta de cargo por confiabilidad, ¿es necesario repetir la de contratos de largo plazo?


Se debería realizar un concurso más sencillo. Estructurarla con una fórmula simple. No hacerla exclusivamente para los proyectos renovables. Si se quiere una verdadera competencia hay que abrir el abanico a todas las tecnologías, así estas plantas sean nuevas.

Si el beneficio es para la demanda, entonces extenderla a otras tecnologías.


Si siguen las mismas condiciones de la primera, muy pocos agentes van a llegar. En este momento el Gobierno no tiene claro si abre o no el abanico de la oferta.

Esto no se soluciona revisando y relajando los criterio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Están bien estructurados. Así se protege a la demanda. No hay que tocar los criterios de la Creg.

¿El Gobierno considera programar un nueva subasta de contratos para el segundo semestre?


La están programando porque los agentes con proyectos renovables le están advirtiendo al gobierno que tres meses es un plazo muy corto. Hay un gran riesgo, “del afán no queda sino el cansancio”.

En una nueva subasta, no solo se hacen ajustes, porque se corre el riesgo que no se presente un cierre financiero. Se debe replantear el tema.

No hay que obligar a que la demanda compre energía renovable. Deben abrir el abanico a otras tecnologías. Hay que pensar en el beneficio de la demanda. El discurso no debe centrarse en el tema de tarifas competitivas. Y no sobreinstalar la oferta.



Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

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