Colombia

Municipios, sin cobrar $ 250.000 millones año por desarrollo del suelo

Mientras el nuevo Gobierno sigue haciendo cuentas para que el presupuesto 2019 que le apruebe el Congreso no termine por afectar la inversión y planes claves del Estado, los municipios, cuyas partidas vía transferencias representan todos los años una buena porción del presupuesto anual del Ejecutivo, evidencian una nula gestión, en la mayoría de los casos, de la valorización del suelo en sus jurisdicciones.

Y es que, luego de 21 años de expedida la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 388 del 18 de julio de 1997), la mayoría de municipios registran desconocimiento y total desaprovechamiento de las oportunidades que tienen a través de una herramienta como la plusvalía, al punto que el mayor desarrollo se ha dado en las poblaciones cercanas a Bogotá, que superan lo recibido por este concepto por ciudades como Cartagena, Cali, Medellín o Villavicencio.

El año pasado, cuando se cumplieron 20 años de esta norma, las cuentas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) mostraban que solo 49 municipios, es decir el 4 por ciento del total, habían aplicado este instrumento para capturar el valor del desarrollo del suelo, visible no solo en el cambio del uso (de residencial a comercial o de vocación rural a áreas de expansión urbana), sino también en la edificación de más pisos en los inmuebles.

En Bogotá fueron 51.434 millones de pesos, es decir el 20 por ciento del país, seguido de Funza, como el segundo que más recauda, con casi 35.000 millones de pesos

Un año después, la situación sigue sin cambios sustanciales, pues las cifras enviadas por los 1.101 municipios a través del Formulario Único Territorial (FUT) y las consolidadas por la firma Economía Urbana muestran que, mientras entre el 2012 y el 2016 el recaudo por impuesto de delineación urbana (se cobra cuando se solicita la licencia ambiental) sumó más de 2,3 billones de pesos, el recaudo de plusvalías en el mismo período (se cobra cuando se materializan los proyectos), fue de solo 255.439 millones de pesos.

Según Julio Miguel Silva, exviceministro de Vivienda y director de Proyectos de esta consultora, llama la atención que casi 80 por ciento de la plusvalía cobrada corresponde a Bogotá y los municipios vecinos a la capital.

En Bogotá fueron 51.434 millones de pesos, es decir el 20 por ciento del país, seguido de Funza, como el segundo que más recauda, con casi 35.000 millones de pesos. Luego está Gachancipá, con 13,2 por ciento (casi $ 34.000 millones); Chía, con 26.600 millones (10,4 % ); Tocancipá con 24.000 millones; Cajicá, con 15.000 millones; Mosquera, con 12.000 millones y ahí tenemos 78 por ciento del total”, destaca el analista.

Algunas razones

Si bien es lógico que las cifras se concentren en las grandes ciudades y en su vecindario, por la gran demanda y presión de la capital sobre el suelo de estos municipios, hay capitales que ni siquiera la cobran.

Según las estadísticas del FUT, ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga no lo han cobrado por lo menos desde el 2012. De acuerdo con Silva, la principal causa detrás de este desaprovechamiento de recursos locales que ayudarían a fortalecer las arcas de cada municipio y a darles mejor autonomía, es la falta de estudios catastrales y la nula aplicación de avalúos antes y después de los proyectos de expansión o de mejoramiento de inmuebles, que permitan determinar con claridad esa diferencia en los valores del suelo.

Bogotá, punto de partida

Cálculos de Economía Urbana, bajo una perspectiva muy conservadora, señalan que los municipios están dejando escapar cada año unos 250.000 millones de pesos en este tipo de ingresos.

Silva explica que la proyección sale de tomar las cifras de Bogotá, según las cuales el recaudo por habitante debería ser de 6.400 pesos al año y, llevando este valor a una población de unos 35 millones personas de ciudades grandes (más de 100.000 habitantes) o que son vecinas de aglomeraciones urbanas.

Leonardo Donoso, alcalde de Chía (Cundinamarca), explica que el cobro de los recursos ha sido posible por la capacidad administrativa que hay entre las secretarías de Hacienda y Planeación, lo que no ocurre en la mayoría de poblaciones.

No tienen la capacidad técnica ni la gente para hacerlo. Hay otros en los que el secretario es el mismo jefe de planeación o el tesorero y se dificulta por el talento. Y cualquier impuesto, cuando se impone, es impopular y muchos prefieren omitir y no empezar a hacer cobros que son incómodos”, expresa.

Los municipios no tienen la capacidad técnica ni la gente para hacer el cobro, por lo que pierden recursos 

Andrés Afanador, empresario del sector constructor y promotor del proyecto Sibelius, en Chía, señala que mientras hay administraciones muy eficientes en cobrar plusvalía, otras “no le ponen atención al tema”.

Agrega que, en el caso de los municipios cercanos a Bogotá el reto es la infraestructura vial y la de servicios, porque los acueductos municipales no dan abasto.

Para Afanador es más tranquilizador pagar la plusvalía entregando obras al municipio, “porque uno de alguna manera se asegura que los recursos que va a pagar se inviertan en la infraestructura que el municipio necesite”.

ÓMAR AHUMADA ROJAS


Subeditor Economía
EL TIEMPO

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