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Colombia

Se hace camino al marchar

Las marchas estudiantiles de los últimos días pueden acarrear buenos o malos resultados. Serán buenos si nos llevan a darle a la educación la prioridad que se merece y a comprometernos en una hoja de ruta que conduzca a ampliar significativamente el acceso a educación de calidad en todos sus niveles. Serán malos si derivan en un simple sacrificio de recursos presupuestales para la educación básica y media a favor de la superior. Y regulares si se pierde la oportunidad de establecer políticas que mejoren la calidad del sistema de universidades públicas.

El acceso igualitario a una educación de calidad es en el mundo moderno la clave para un crecimiento económico vigoroso y sostenible, así como para crear una sociedad equitativa y solidaria. Colombia ha avanzado en ampliar los cupos en todas las etapas del sistema educativo, aunque aún falta cobertura en media y superior y en atención a la primera infancia. Pero la calidad sigue siendo pobre, con contadas y honrosas excepciones, en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Y la alta desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad se reproduce por el hecho de que la mayoría de los hijos de familias de bajos ingresos, en contraste con quienes tuvimos la fortuna de nacer en hogares de clase media o alta, no tienen acceso a educación de calidad cuando niños ni cuando jóvenes.

Por esas razones, lo peor que podría suceder es que las marchas resulten en una simple redistribución de recursos en el sistema educativo: a favor de la superior y en detrimento de la básica y media. Si no se mejora el acceso a educación básica y media de buena calidad, los mayores recursos destinados a la universidad pública no beneficiarían los hogares de bajos ingresos, cuyos hijos, si es que logran terminar la educación media, no alcanzan, con excepciones, los puntajes requeridos para entrar a la universidad.

Es indispensable que el presupuesto destinado a la educación crezca en total y en cada uno de sus niveles. Para lograrlo, solo hay dos caminos:

1) Recortar en otros sectores para trasladar recursos a la educación. A mediano plazo, el ‘bono de la paz’ debe expresarse en pasar recursos del abultado aparato militar, consecuencia del conflicto interno, a la educación. En el corto, sin embargo, hay que consolidar la seguridad en las áreas del posconflicto.

2) Aumentar los ingresos tributarios. Como el presupuesto ya tiene un faltante, la ley de financiamiento debería no solo cubrirlo, sino garantizar recursos adicionales permanentes para la educación. Duque y Carrasquilla tienen que olvidarse de su ofrecimiento populista de volver a bajar el IVA y cumplir con los anuncios de gravar más a las personas de altos ingresos, eliminando privilegios a los ingresos de capital y las exenciones del IVA para las clases media y alta.

Esa sería una condición necesaria pero no suficiente para lograr un acceso más equitativo a educación de calidad.

El otro resultado indeseable de las marchas sería que se sofoquen simplemente con plata, estableciendo así el precedente de que ‘el que no grita no mama’, y que no se aproveche la oportunidad para una reforma estructural que mejore la calidad de todas las universidades públicas. Porque hay varias excelentes, pero también otras dignas de llorar, pues operan más como parte del engranaje del clientelismo político regional que de un sistema educativo superior que merezca ese apelativo. La Silla Vacía acaba de mostrar que de los 32 rectores, seis son del bolsillo de un líder político y otros 16 tienen vínculos con alguno más.*

Se le debería encargar a la Misión de Sabios, que se piensa restablecer ahora, la elaboración de una propuesta integral para que lleguemos a tener un sistema de universidades públicas adecuado a las necesidades del siglo XXI.

* La Silla Vacía, 16 de octubre de 2018

GUILLERMO PERRY

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