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Colombia

Un debate político más libre, el sello del primer año legislativo

Como hace tiempo no pasaba, el primero año del actual congreso se caracterizó por la libre deliberación de los partidos políticos, la limitada injerencia del Gobierno Nacional y una oposición que, aunque no consiguió varios de sus objetivos, logró poner contra las cuerdas a algunos ministros del despacho.

El próximo jueves concluye de manera legal el primer año legislativo, en el cual se logró la aprobación de algunos proyectos de ley y de reforma constitucional de impacto para el país, pero también se revivió la polarización política en torno al proceso de paz con las Farc.

Aunque el Gobierno consiguió la aprobación de algunas de sus iniciativas, una de sus principales prioridades –realizar algunos ajustes al acuerdo de paz con las Farc–naufragó ante la resistencia de los sectores políticos defensores de la integridad de lo pactado en La Habana.

Este hecho se evidenció en el fracaso de la creación de una sala especial para los militares en la justicia para la paz, el semestre pasado, y en el rechazo a las objeciones presidenciales a la nueva jurisdicción de paz.

Los duros debates alrededor del acuerdo de paz que se vieron en el Congreso mostraron que el asunto sigue generando polarización entre el uribismo con sus aliados y quienes quieren pasar la página del proceso de paz, así como avanzar en implementarlo, y no será sencillo que se pongan de acuerdo.

Sin participación

Este primer año de trabajo de los congresistas también fue el primero para el gobierno del presidente Iván Duque, quien se mantuvo en la posición de no darles participación en su equipo a los partidos políticos, de manera institucional.

Esta postura le sirvió al mandatario para ganarse la admiración de algunos sectores, pero también le costó no haber podido sacar adelante el ciento por ciento de sus propósitos en el Legislativo, especialmente en lo relacionado con el acuerdo de paz y los proyectos anticorrupción, varios de los cuales se quedaron en el camino.

La inexistencia de una coalición de gobierno sólida abrió la puerta para que las colectividades deliberaran de manera mucho más libre y en algunas ocasiones hayan acompañado al Gobierno y en otras se separaran de este.

Ante este panorama, la presencia del Ejecutivo en el Capitolio se limitó a acompañar el trámite de las iniciativas oficiales, pero sin tener de su lado la aplanadora partidista que se veía en otras administraciones.

(Lea también: La JEP debe preocuparse por garantizar que la verdad que el acuerdo ordenó esclarecer sea conocida / Opinión)


Aunque algunos ministros sacaron adelante sus proyectos de ley a pulso –como fue el caso de la ministra de las TIC, Silvia Costaín–, otros tuvieron que ver cómo los partidos los hundían sin contemplación, como le pasó a la exministra de Justicia Gloria María Borrero con la reforma de esta rama.

Iván Duque

El presidente Iván Duque.

Foto:

Nicolás Galeano / Presidencia

Control político

Lo que sí se vio durante este primer año del actual congreso fueron partidos y movimientos opositores mucho más organizados gracias al estreno del Estatuto de la Oposición.

El pasado 7 de septiembre, los partidos políticos fijaron sus posiciones a la luz de esta nueva ley: Centro Democrático, Partido Conservador, ‘la U’ y los movimientos Colombia Justa Libres y Mira se declararon de gobierno; liberales y Cambio Radical, independientes, y Alianza Verde, Polo, Coalición lista de la decencia, UP y partido Farc, como opositores.

A pesar de algunas diferencias internas, el bloque opositor se ha movida de manera cohesionada en el Congreso. Una de las pruebas de esto fue que en un lapso de siete meses promovieron mociones de censura contra dos ministros: Alberto Carrasquilla, de Hacienda, y Guillermo Botero, de Defensa.

Los funcionarios recibieron el apoyo de la mayoría de los partidos políticos para seguir en sus cargos, pero tuvieron que someterse a debates en el capitolio en los que debieron dar explicaciones de algunas de sus actuaciones.


Además de estas mociones, se destacaron debates de control político como el que impulsaron el senador por el Polo Iván Cepeda y su colega de Alianza Verde Antonio Sanguino alrededor de la extradición; otro que hizo Gustavo Petro sobre la labor de las Fuerzas Militares, y uno más que realizó el partido Farc sobre el asesinato de exintegrantes de esa exguerrilla. Precisamente, el partido Farc, sobre el que había expectativa por ser su primera llegada al Congreso, brilló solo en algunas ocasiones.

Entre los temas pendientes para estos últimos días de trabajo legislativo, el principal es la aprobación, en último debate, del proyecto de ley que presentó la Fiscalía y busca atacar la corrupción. 

Fuera de esto, la sensación para muchos congresistas es que el próximo semestre, el ritmo bajará aún más, ya que los partidos políticos se meterán de lleno en la campaña para elegir alcaldes y gobernadores el próximo 27 de octubre.

Normas anticorrupción de la Fiscalía, lo que queda

Esta semana la plenaria del Senado tiene previsto darle último debate a los artículos que faltan del proyecto anticorrupción presentado por la Fiscalía en julio de 2017.

La iniciativa establece, entre otras decisiones, la inhabilidades para contratar con el Estado a las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción o soborno trasnacional, así las condenas no estén ejecutoriadas. Esta inhabilidad se extiende a las sociedades de las que hagan parte estas personas “en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes”.

Igualmente ya se aprobó que ante una inhabilidad que surja cuando el contrato ha sido entregado “es obligación de la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, disponer la terminación anticipada y unilateral del contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna”.


Ya se aprobaron también otros artículos como el que establece que se deben constituir contratos de fiducia para manejar la plata del Estado a través de una cuenta única con lo que habría más control a los movimientos de los recursos del Estado.

El Senado tendrá que definir si aprueba once artículos que quedan pendientes como el que le fija límites a la contratación directa y que prohíbe que, por ejemplo, frente a convenios interadministrativos, que se adjudican directamente, luego se termine subcontratando todo el objetivo del contrato.

Igualmente está pendiente que se aprueben las prohibiciones para que personas condenadas por hechos de corrupción relacionados con recursos públicos puedan pagar sus sentencias en sitios especiales de reclusión y el que limita los beneficios para la prisión domiciliaria de estas personas.

Otros dos artículos pendientes están relacionados con la revelación de secreto y la utilización de asunto sometido a reserva.

El primero ha generado cuestionamientos de sectores que advierten que podría afectar la libertad de prensa al penalizar con penas de hasta 8 años de cárcel al funcionario público que, “indebidamente dé a conocer documento o noticia que en virtud de la ley deba permanecer en secreto”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió que el artículo no sea aprobado y señaló que “en una sociedad democrática debería protegerse y no castigarse a quienes valientemente denuncian la ilegalidad”.

Un proyecto más de trascendencia y que está pendiente de último debate es el que estipula la segunda vuelta para la elección de Alcalde de Bogotá, el cual busca evitar que quien llegue al cargo no tenga las mayorías necesarias para representar a los capitalinos.

Política

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