
Dos jornales mínimos, cierre por 10 días y por último cierre temporal es a lo que se exponen los responsables de lugares y locales donde no se de cumplimiento a la obligación de usar mascarillas, dispuesta por ley desde hoy.
La ley de tapabocas que está en vigencia desde hoy contempla sanciones para los responsables de lugares y locales cerrados que no cumplan con la exigencia del uso de tapabocas para todas las personas mayores de 6 años.
El artículo 9 de la ley 6655 establece que está prohibido el ingreso a lugares públicos y privado de uso público sin el uso de mascarilla higiénica. La multa para los responsables es de dos jornales mínimos (G. 84.340) para actividades diversas no especificadas de la Capital.
En caso de reincidencia establece el cierre temporal del local por 10 días y en caso de una segunda reincidencia se exponen a la clausura permanente.
La normativa indica que el tapabocas es un elemento de protección que debe cubrir nariz, boca y mentón y se debe utilizar cuando las personas concurran o permanezcan en lugares públicos o privados, a las que asistan más de cinco personas en el mismo espacio, cuya distancia sea menos de un metro y medio.
La Cámara de Diputados finalmente sancionó la versión Senado del proyecto de ley que establece la transferencia de recursos para fomentar la agricultura familiar campesina. El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Durante una sesión extraordinaria desarrollada este viernes, la Cámara Baja volvió a tratar el proyecto de ley “Que establece medidas de impulso a los Programas Productivos destinados a la Agricultura Familiar Campesina, en el marco del Plan de Recuperación Económica por los efectos causados por la Pandemia”.
Tras un extenso debate, finalmente por 41 votos a favor quedó sancionada la versión Senado del citado proyecto de ley, el cual fue tratado en tiempo récord en el Congreso.
La propuesta aprobada contempla la emisión de bonos del Tesoro por valor de USD 57 millones, de los cuales USD 25 millones serán redireccionados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otros 32 al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Del total de recursos que irán al MAG, unos USD 17 millones serán destinados -mediante transferencias directas- a organizaciones campesinas, a fin de brindar asistencia a la agricultura familiar campesina. Los restantes USD 8 millones serán utilizados para asistencia técnica y programas de ayuda al sector.
El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Cabe recordar que la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso era uno de los principales pedidos de los labriegos, quienes llegaron en masa a inicios de esta semana a Asunción y coparon las calles del microcentro, generando caos vehicular y malestar en la ciudadanía.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que la próxima semana se reunirá con su par brasileño, Jair Bolsonaro, para verificar los avances de las obras del Puente de la Integración.
El mandatario anunció que la reunión con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se realizará el próximo martes 1 de diciembre en Foz de Iguaçu.
Indicó que el encuentro servirá para que ambos verifiquen las obras del Puente de la Integración que actualmente tienen un avance del 40%.
Abdo señaló que se trata de una obra significativa que “cambiará la historia del país” y mencionó también los puentes que unirán a Asunción con Chaco’i y Carmelo Peralta con Puerto Murtinho.
La obra del Puente de la Integración prevé su culminación en el 2022. La nueva conexión será del tipo atirantado, de 760 metros de largo, sostenido por dos columnas principales de 174 metros de altura y con un vano central (espacio que queda entre los dos pilares por donde pasa el cauce de navegación del río) de 470 metros de ancho y más de 60 metros de alto.
La nueva pasarela en ejecución será importante para descongestionar el tránsito de vehículos en el Puente de la Amistad y facilitar el transporte de cargas en la zona, además proporcionará mayor seguridad, beneficios socioeconómicos y comodidad para los usuarios.
Funcionarios del Registro Civil anuncian que si la Cámara de Diputados no aprueba un aumento presupuestario para el sector, el próximo lunes 7 de diciembre irán a paro general.
Liz Leguizamón, representante del Sindicato de Funcionarios de Registro Civil comentó a Radio La Unión que el acuerdo de aumento presupuestario ya se pactó el año pasado.
Sin embargo, hasta el momento no se efectivizó dicho acuerdo y ahora están a la espera de lo que resuelva la Cámara de Diputados, que en caso de ser negativa desembocará en una huelga.
“Queremos recuperar los 5.700 millones de guaraníes que nos sacaron para el presupuesto del 2021”, indicó Liz, quien además recordó que “con la ministra de Justicia acordamos que ella mediaría ante el Ministerio de Hacienda para que se libere el restante que quedó del presupuesto 2020 que ganamos el año pasado en la huelga”.
Ese monto era de 340 mil guaraníes por mes. “Lo segundo era no al recorte presupuestario que para este año nos sacaron. La Cámara de Senadores aprobó nuestro pedido”, mencionó.
La Cámara de Diputados estudiará el pedido este miércoles de la semana que viene, el funcionariado recurrirá a la medida de fuerza desde el lunes 7 de diciembre.