Más de 5.000 kilos de marihuana fueron eliminados por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) dentro del predio de la Reserva Maracaná, ubicada en el departamento de Canindeyú. La pérdida para los narcotraficantes ronda los US$ 165.000.
Durante un procedimiento desarrollado en el departamento de Canindeyú, agentes de la SENAD lograron identificar un centro de cultivo y procesamiento de marihuana.
La comitiva estuvo encabezada por el fiscal Meiji Udagawa junto con agentes antidrogas de la Regional de Salto del Guairá.
En total fueron hallados dos campamentos en los que se procesaba el cannabis, ambos dentro de la Reserva Maracaná, sitio declarado como área protegida y con una amplia zona boscosa.
En el lugar se pudieron incautar diversos elementos utilizados para llevar a cabo el trabajo de producción de la marihuana, como prensas, guillotinas, zarandas, entre otros.
El peso total de la droga alcanzó los 5.500 kilos, según el pesaje realizado por la SENAD.
La eliminación de estos cultivos arrojaría un lucro cesante para los narcotraficantes de aproximadamente US$ 165.000.
Este viernes se llevará a cabo una reunión reservada entre autoridades de seguridad y el presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, a fin de delinear nuevas hojas de ruta en pos de recuperar a los secuestrados por el EPP.
Raúl Latorre anunció que la reunión será en el transcurso de mañana y tomarán intervención de la misma jefes de carteras de Estado.
En ese sentido estarán Euclides Acevedo del Ministerio del Interior, Bernardino Soto Estigarribia de Defensa Nacional y Oscar Chamorro, de la Fuerza de Tarea Conjunta.
La principal razón de la reunión es tener conocimiento del avance de las investigaciones sobre el secuestro de Oscar Denis, ex vice presidente de la República.
El mismo fue tomado por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo el 7 de setiembre del año pasado, junto con su peón, quien a los pocos días fue liberado.
Hasta el momento, todos los procedimientos han sido fallidos y la familia Denis ha perdido comunicación total con los responsables del plagio.
La Subsecretaría de Estado de Tributación tiene la expectativa de una recaudación en el orden del 8 al 10%, a pesar de las dificultades que trae aparejada la pandemia de coronavirus.
Oscar Orué, viceministro de Tributación manifestó a Radio La Unión que “pese a la reducción de la base imponible vigente para algunos sectores, esperamos cerrar enero con una buena recaudación”.
En ese sentido, el organismo espera que el cierre sea en el orden del 8 al 10%, siempre que se cumplan las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Orué también explicó que la crisis sanitaria hace que algunos sectores sólo pagarán el IVA a un rango del 5%, en razón del déficit económico que sufren desde la entrada en vigor de la covid-19.
“Los sectores hotelero, gastronómico y turístico ahora en vez de pagar el 10% abonan el 5% y en medio de las reducciones, las recaudaciones están por buen camino”, señaló.
El juez del caso dispuso la prisión preventiva de los agentes policiales Eladio Giménez, Gustavo Toledo, Oscar Paredes y Julio Díaz, procesados por secuestro y asociación criminal. Todos serán remitidos a la Agrupación Especializada.
Los cuatro agentes policiales fueron denunciados por haber secuestrado el lunes pasado a una pareja de brasileños que estaban de turistas, le pidieron dinero para dejarlos libres. Los uniformados prestaban servicio en la comisaría de Torín y el jefe de la dependencia policial el comisario Alcides Velázquez también está implicado.
Tras conocerse el caso se tomó la decisión de cambiar a todos los agentes de la comisaría. Todos fueron trasladados hasta Asunción y quedaron a disposición del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Mateus Mangiocca (22) y Julia de Lima Venancio (21) vinieron en su vehículo desde San Pablo, Brasil para hacer turismo en Paraguay y el lunes a las 16:00 cuando ya estaban yendo hacía la frontera fueron detenidos por los agentes policiales que los llevaron a la comisaría donde los sometieron a torturas sicológicas y le exigieron que entreguen 50 mil reales, unos G. 70 millones, para poder dejar el país.
La pareja pasó la noche en la dependencia policial donde fueron “ablandados”, se les acusó de tener drogas, luego dijeron que Julia de Lima era prostituta y que por esos hechos estarían expuestos a pasar 25 años presos, después incluso los amenazaron de muerte.
Después de esto le pidieron el dinero y enviaron a la mujer en un taxi hasta la frontera y que pase a Foz de Iguazu para que vaya a retirar el dinero que sus familiares le giraron. Sin embargo Julia realizó la denuncia a agentes policiales del Brasil de que estaban siendo víctimas con su novio de un secuestro y extorsión.
De ahí en más se conoció el caso y ya se dio intervención a la fiscalía. Se detuvo a los policías y se liberó a Mateus.
