Ecuador

10.682 jubilados fallecieron durante los meses más duros de la pandemia COVID-19

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Publicado el Lunes, 10 Agosto 2020

JubiladosIESS 84173

Don Marco y don Enrique no se conocían. Murieron con unas horas de diferencia en puntos distantes de Guayaquil. El primero, el 25 de marzo, a las 22:30, en el Omni Hospital. El otro, el 26, a las 19:00, en el hospital del Guasmo de la red del Ministerio de Salud.

Pero ambos profesionales, uno médico y el otro abogado, tienen en común dos cosas: la causa de fallecimiento (“sospecha de COVID-19”) y su condición de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Y sus familiares comparten, asimismo, otras dos: el dolor inconsolable que dejó su partida y todas las dificultades que tienen ahora para acceder a las prestaciones que la institución está obligada a proporcionar a los deudos de los jubilados.

El IESS reporta que, entre marzo y junio, fallecieron 10 682 jubilados en todo el país. Entre ellos don Marco y don Enrique. Si se considera que el total nacional es de 533 109, según la institución, estas muertes equivalen al 2 % de esa población vulnerable, que incluye a personas de la tercera edad, inválidos y discapacitados.

La mayor cantidad de fallecimientos se registró en Guayas, que tiene un poco más de la mitad: 5531. En esas fechas, el coronavirus se ensañó especialmente con Guayaquil. Le siguen Pichincha, con 1926; Manabí, 801; El Oro, 342; y Azuay, 292.

Tras la muerte de estas personas, el Seguro Social dejó de pagar $5,3 millones en pensiones jubilares en esos cuatro meses, señala el reporte elaborado por pedido de este Diario.

La Ley de Seguridad Social señala que las viudas y los hijos menores de edad o discapacitados tienen derecho a recibir el montepío. Si solo quedan las primeras, es el 60 % de la pensión; si están también los otros, es el 40 % adicional repartido de manera proporcional.

Pero Norma, la viuda de don Marco, cuenta que todavía no recibe ese dinero, aunque realizó la solicitud hace ya tres meses. Su esposo se jubiló en diciembre pasado, pero le dijeron que debía esperar tres meses para empezar a recibir su pensión.

Recién le acreditaron el dinero de ese lapso un día antes de su fallecimiento, así que no pudo sacarlo del banco; y como la familia no ha realizado el trámite de la posesión efectiva de bienes (para reclamar las pertenencias del fallecido), no lo puede retirar.

“Tengo 68 años. Y a pesar de mi condición (de vulnerabilidad) he ido varias veces al IESS a preguntar si hay alguna novedad, a reclamar el montepío. No hay respuestas y solo me llenan de trámites. Me dicen: Espere, que el 20 le pagan. No sé qué es lo que pasa, porque el IESS tiene que pagar ese dinero obligatoriamente. Ya no sé qué hacer”, expresa.

Según el IESS, en junio pasado pagaron el montepío a 125 346 pensionistas por un monto de $36,6 millones. Pero en marzo los desembolsos alcanzaban a 126 857 pensionistas por un total de $48,7 millones. Es decir, hubo una reducción en ambos indicadores: hay 693 pensionistas menos y se pagan $12,1 millones menos.

A Marco Morales, quien fue director del IESS, no le cuadran estas cifras. O están equivocadas o, de plano, el Seguro Social no está pagando lo que corresponde por concepto de montepío. Si murieron 10 682 jubilados, las cifras de pensionistas (sus viudas o sus hijos) debieron incrementarse, no disminuir.


Las hijas de don Enrique, en cambio, enfrentan otro problema: aún no pueden cobrar el reembolso de los servicios exequiales, otro de los beneficios que establece la Ley no solo para los jubilados, sino para todos los afiliados al IESS. Y todo a causa de un desfase en el cruce de información entre el hospital, el Registro Civil y el IESS.

Al relatar su caso piden prestar atención a la línea de tiempo. Desde el día de la muerte de su padre, el 26 de marzo, se tardaron tres más en sacar el cuerpo de la casa de salud, en medio de súplicas, lágrimas y llamadas a amigos influyentes. Recién el 3 de abril depositaron sus cenizas en el Cementerio General de Guayaquil.

La funeraria que contrataron presentó al IESS las facturas para cobrar sus servicios, pero el sistema no aceptaba su pedido. Así que se comunicaron con ellas para avisarles sobre el problema diez días después. Averiguaron en la casa de salud y descubrieron que a esa fecha aún no se había oficializado en el Registro Civil la inscripción de defunción por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto recién ocurrió el 7 de abril siguiente.

Una vez subsanado esto, la funeraria intentó nuevamente hacer el trámite pero tampoco se pudo. Y no sabían por qué. Para el 20 de abril, las hijas de don Enrique se dieron cuenta de que el IESS había acreditado la pensión jubilar de su padre que ya no le correspondía.

Entonces todo quedó claro: como el IESS hace el corte de pagos para los jubilados el 4 de cada mes y hasta el 7 don Enrique aún aparecía como vivo en sus registros, le pagaron el dinero. Pero al llegar ya el reporte de su muerte, ahora constaba como deudor.

Ellas iniciaron el trámite para devolver ese dinero y poder pagarle a la funeraria, que finalmente se cansó de esperar y dejó en sus manos el cobro del reembolso.

Nuevamente, entre súplicas, lágrimas y llamadas a amigos influyentes lograron, tres semanas después, que les emitieran un documento de pago. Ya extinguida esa deuda –que pagaron con intereses pese a que el error fue estatal– ingresaron el pedido de reembolso a través del sitio web, pero igual debieron entregar físicamente los soportes. Le dijeron que en un mes, más o menos, les acreditarían el dinero. Ya van tres semanas esperando. Les falta una más.

El IESS ha dado, entre marzo y mayo pasados, 4488 prestaciones de servicios exequiales por un monto de $5,9 millones. Igualmente, la mayor cantidad está en Guayas, como 1718 prestaciones, equivalentes a $2,3 millones.

Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, señala que su gremio ha recibido varias denuncias de funerarias que han realizado “negociados” cobrando a los deudos por servicios que no dieron, como los velatorios o el empleo de cargadores para las cajas.

Al respecto, dice que mantienen conversaciones con autoridades de la institución para que se investigue el tema y para canalizar esas ayudas a través de un solo grupo de prestadores del servicio, y hasta hablan de poner casetas de información en los hospitales.

El dirigente comenta que muchos de los trámites del Seguro Social están demorados porque deben completarse presencialmente y no todas las dependencias del país, en especial las ubicadas en Pichincha, están atendiendo, o lo hacen a medias, por temor a los contagios.

Y opina que ese dinero que se ha dejado de pagar en pensiones jubilares debería usarse para financiar los montepíos de las viudas e hijos de los difuntos. “Así se les puede dar una justa tranquilidad a las familias que, a más de perder a su familiar, viven con la angustia de quedarse en una situación económica difícil”, indica. (El Universo)

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