Ecuador

Abdalá Bucaram volvió a casa con prisión, ahora acusado de delincuencia organizada

Quito -

Más de dos meses de seguimientos, vigilancias e investigaciones sobre el expresidente Abdalá Bucaram y los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A. terminaron la mañana de este jueves con el inicio de una instrucción fiscal de 90 días por el delito de delincuencia organizada contra los cuatro.

Para la fiscal Lidia Sarabia, parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) número 9 de Pichincha, los cuatro ahora procesados conformaron un "grupo estructurado para planificar actividades delictivas" en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Según ella, una de estas actividades fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria. Existiría una delincuencia organizada, a decir de Fiscalía, debido a que se habrían detectado una serie de delitos que se están investigando e irían desde enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.

Más de cinco horas de audiencia de formulación de cargos le fueron suficientes a Luz Serrano, jueza penal con competencia en infracciones flagrantes de Quito, para que dicte arresto domiciliario con vigilancia policial las 24 horas del día para Bucaram; mientras que para Leandro B., Samuel S. y Clever A. emitió una orden de prisión preventiva.

Fiscalía es clara en definir que la investigación de este caso inició en mayo de 2020. Existiría una posible relación de los cuatro procesados con los isrealíes Oren Sheinman y Shy Dahan, quien se identificaba como Tomer Sheinman, ambos detenidos en la provincia de Santa Elena por no justificar dinero en efectivo y por poseer credenciales falsas de la DEA de Estados Unidos.

Sheinman y Dahan fueron procesados por los delitos de enriquecimiento privado no justificado y falsificación y uso de documento falso. El último de estos fue asesinado el sábado último en la Penitenciaría del Litoral.

Previo a la audiencia, los tres procesados de Quito y Bucaram en Guayaquil rindieron sus versiones. Para las 20:30 del miércoles pasado se conocía que el expresidente ya no sería trasladado a la capital, como en un inicio se indicó, pues problemas de salud impedían que él llegue a una ciudad que esté por sobre los 700 metros sobre el nivel del mar.

La audiencia se dividió entre los sujetos procesales que estaban en Quito, donde judicialmente radica el caso, y la conexión telemática con el Cuartel Modelo, en Guayaquil, para que participe Bucaram y su abogado. El primer llamado para audiencia fue a las 22:25 del miércoles último, pero problemas técnicos de conexión y cuestiones médicas del exmandatario hicieron que la diligencia no se dé y solo empiece hasta las 02:00 de este jueves.

Fiscalía contra los cuatro procesados presentó más de 30 elementos de convicción que revelarían su participación: informes del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Agencia de Regulación y Control Sanitario, seguimientos, vigilancias, la denuncia de Bryan P. una persona que habría sido afectada por esta red, versiones de agentes investigadores, pericias forenses-informáticas, reportes bancarios, entre otros.

Dentro de esos elementos presentados, explicó Alfredo Arboleda, abogado de Bucaram, en ningún momento se mencionaría al exmandatario y el único elemento contra él serían unas notas de voz que no han sido periciadas y de las cuales la fiscal del caso, afirmó, habría reconocido en audiencia que las bajó de Twitter, A menos tres recaídas de salud sufrió durante Bucaram durante la audiencia.

"La fiscal ni siquiera pudo determinar cuáles son los delitos que cometió esta supuesta agrupación, en qué consistían, cuál es el grado de participación, el rol de cada uno en la organización, cuál es la relación que existía entre ellos. Si hay dos meses de seguimientos, de escuchas, como se estableció, pero no existe ni una sola llamada o una entrevista entre ellos y el expresidente", aclaró Arboleda.

Que todo este trámite se genera en retaleación contra la figura política de Abdalá Bucaram y en ese camino se están llevando a tres "inocentes hombres trabajadores", es lo que piensa sucede en este caso Harrison Salcedo, defensor de los tres agentes de la AMT procesados. Insiste el abogado que en ninguna parte de los 16 cuerpos que tiene el expediente fiscal consta un solo acto ilícito.

Salcedo indicó que de manera ilegal, arbitraria e injusta la jueza Serrano dictó prisión preventiva para los tres agentes de la AMT y arresto domiciliario para el expresidente. Según él, la jueza era incompetente para conocer la causa, pues era una jueza de Flagrancia que no tenía competencia para conocer, ni resolver el pedido de formulación de cargos de la Fiscalía.

Tanto Arboleda como Salcedo verbalmente apelaron las medidas cautelares emitidas por Serrano y criticaron la insistencia con que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Abdalá Bucaram, pese a los 68 años que tiene, los problemas de salud que ha demostrado y el cumplimiento de las medida cautelares que le han impuesto en otros dos procesos penales que mantiene por no justificar un arma y por tener en su poder bienes culturales de la propiedad del Ecuador.

Pese a la orden de prisión preventiva contra Leandro B., Samuel S. y Clever A., hasta el mediodía de este jueves, todos seguían en la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia en Quito. Desde la entidad rectora del sistema penitenciario no se definía si todos o algunos serian llevados a la Cárcel de El Inca, al norte de Quito, o al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga. (I)

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